La política pública funciona mejor cuando se sustenta en razones, evidencia y reglas claras. Cuando este principio se debilita, los resultados suelen ser menos favorables. El caso del traslado de vuelos al AIFA durante el sexenio pasado ilustra esta dinámica. No se trató sólo de un cambio operativo, sino de una medida adoptada sin evaluar sus implicaciones en compromisos internacionales, costos económicos o efectos en las cadenas logísticas. Algo similar ocurre en el ámbito comercial. La revisión del T-MEC en 2026 será una oportunidad para fortalecer la integración de Norteamérica, una región cuya competitividad depende de la certidumbre jurídica y la coordinación regulatoria. En un mundo donde China y la Unión Europea avanzan con estrategias claras, México deberá responder a las dudas sobre el cumplimiento de reglas, los cambios unilaterales o la falta de transparencia. La seguridad pública ofrece otro ejemplo. En los estados donde la violencia no cede, el despliegue federal puede generar mejoras temporales, pero sin instituciones locales fuertes —policías profesionales, municipios con capacidades, sistemas de información robustos— esos avances difícilmente perdurarán. En todos estos casos, la lección es la misma: cuando las decisiones responden más a impulsos políticos, ideológicos o clientelares que a diagnósticos sólidos, los resultados tienden a ser frágiles.