Por Mariana Campos América Latina enfrenta una crisis de seguridad que presiona a sus democracias. La tasa regional de homicidios triplica el promedio mundial y buena parte de esa violencia está vinculada al crimen organizado. No obstante, reducir los homicidios no equivale a reducir la violencia, porque el fenómeno se transforma: adopta otras formas —desapariciones, extorsión, ataques contra políticos o empresarios—, captura instituciones, sustituye funciones del Estado y erosiona la confianza ciudadana. Puede haber menos homicidios y, al mismo tiempo, un deterioro de la vida cotidiana y de la gobernabilidad democrática. En México Evalúa hemos analizado la magnitud y la transformación de la estructura delictiva. En nuestro más reciente análisis nos adentramos en la seguridad desde la experiencia de las personas, a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI. Es cierto que, entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en el país disminuyó 53%. Sin embargo, hacer sostenible esa reducción requiere observar otros indicadores y estrategias diseñadas a la medida. En la ENVIPE encontramos que, entre 2018 y 2025, las tasas de fraude aumentaron 63%, las de amenazas 54% y las de extorsión 33%. Estos tres delitos ya representan 58% del total. La extorsión es el segundo delito más frecuente en 17 entidades federativas. No es un fenómeno marginal, es el centro de una economía criminal que se mide en cuotas y territorios controlados. A ello se suma la distancia entre el delito que ocurre y el que conoce el Estado. En 2025, 93.4% de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Es decir, la “cifra oculta” no ha mejorado en más de una década. En 2013 era de 93.8 %. En extorsión llega hasta el 97.5%. De cada 100 extorsiones, menos de tres llegan al conocimiento de las autoridades. No se puede combatir lo que no se conoce. Mientras tanto, el costo se traslada a los hogares. Entre 2012 y 2025, el gasto familiar en medidas de protección aumentó 27.9%. La seguridad, que debería ser un bien público, se convierte en un gasto privado. Quien puede pagar se protege, quien no, queda expuesto. Cuando el silencio es la norma En Tijuana documentamos una realidad que se repite en muchas ciudades del país. Las víctimas de extorsión —una llamada, una amenaza, un pago— y de cobro de piso —un cobro recurrente a comercios y actividades económicas en un territorio controlado por un grupo criminal— sufren los delitos en solitario, los tratan como secretos a voces y con frecuencia enfrentan represalias si intentan denunciar. En los hechos, el cobro de piso funciona como un mecanismo de gobernanza criminal que sustituye funciones del Estado, captura instituciones y distorsiona economías enteras. Es también una de las formas más directas en que la democracia se vacía de contenido en el ámbito local. Frente a este panorama, diseñamos propuestas y una caja de herramientas con tres componentes. Una red de reportes ciudadanos para que las víctimas compartan sus experiencias de manera anónima y segura; servicios de acompañamiento jurídico y psicológico; y un esquema de mediación con autoridades para formalizar canales de comunicación. El principio es fortalecer las estrategias con que el Estado enfrenta el problema. Tres prioridades que no admiten postergación El diagnóstico de la ENVIPE y la experiencia de Tijuana convergen en tres prioridades. La primera es recuperar la información que hoy permanece en las víctimas, sin depender exclusivamente de la denuncia formal. Esto implica simplificar y digitalizar la denuncia, ampliar canales de reporte anónimos y seguros, e integrar información sobre teléfonos, cuentas, establecimientos afectados, modalidades y patrones territoriales. La información de las víctimas debe alimentar la inteligencia y la prevención, aun cuando no derive inmediatamente en una carpeta de investigación. La segunda es reconstruir capacidades y confianza en las instituciones locales con profesionalización policial, investigación criminal, recepción y seguimiento de denuncias, atención a víctimas y mecanismos efectivos de supervisión. La tercera es cambiar la manera en que se evalúa la seguridad. Se necesita un sistema integral de evaluación que acompañe los homicidios y las carpetas de investigación con indicadores de victimización, cifra oculta, costos económicos, percepción de inseguridad y confianza institucional. Estas tres prioridades apuntan a transitar de una política concentrada en reducir determinados delitos y debilitar organizaciones criminales hacia una capaz de coproducir seguridad ciudadana: con menos victimización, mayor acceso a la justicia, menores costos y mayores libertades. La seguridad como desafío global La seguridad ya es una preocupación central para la gobernabilidad democrática en todo el mundo. Por eso, como vicepresidenta del Foro de París sobre la Paz, celebro que este año la seguridad figure entre los temas prioritarios de la agenda. Enfrentar ese desafío exige ecosistemas permanentes de aprendizaje, infraestructura de evidencia compartida, inteligencia público-privada y cooperación internacional. La democracia se defiende fortaleciendo su capacidad de producir resultados, y la seguridad es a la vez uno de esos resultados y una condición para su funcionamiento. La pregunta ya no es si estamos ante un desafío nacional o regional, sino cómo construimos, entre todos, la gobernanza democrática global que este tiempo nos exige.