Por Mariana Campos Cada vez son más las familias obligadas a elegir entre pagar un tratamiento médico o cubrir necesidades básicas, como la alimentación. Tan solo en los últimos seis años, más de un millón de hogares mexicanos vieron comprometida su estabilidad financiera debido a gastos en salud. Esta situación hace evidente la necesidad de nuevas soluciones y exige nuevas perspectivas. Sobre todo, obliga a rescatar la noción de que la salud es un derecho humano. En otras palabras: las políticas públicas en esta materia deben volver a poner como prioridad a los pacientes. Un análisis de México Evalúa, basado en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), muestra un aumento preocupante en los gastos catastróficos en salud —aquellos que consumen más del 30% del ingreso disponible de una familia—. Mientras que en 2018 alrededor de 677 mil hogares se encontraban en esta situación, para 2024 la cifra escaló a 1.11 millones, lo que representa un incremento del 64.5% en solo seis años. Esta crisis refleja el debilitamiento del sistema público de salud en un país donde la atención médica se establece como un derecho, no un privilegio. El peso del gasto de bolsillo: una carga desigual La evidencia indica que el sistema público de salud ha mermado su capacidad de atender adecuadamente a la población. Esto obliga a las familias a asumir costos directos cada vez más altos. Como ante esta situación los más vulnerables enfrentan una carga financiera desproporcionada, las desigualdades se profundizan. El gasto trimestral promedio por hogar en salud —lo que se conoce como “gasto de bolsillo”— pasó de mil 135 pesos en 2018 a mil 605 pesos en 2024, lo que representa un incremento real del 41.4%. Sin embargo, este aumento no impactó a todos por igual. Los hogares del primer decil —los de menores ingresos— destinaron en 2018 el 2.9% de sus ingresos a salud. Para 2024, esta cifra ascendió al 3.9%. Si se excluyen los apoyos gubernamentales —fundamentales para la economía de este grupo poblacional—, la carga se dispara hasta 5.9%. En contraste, los hogares más ricos apenas asignaron a este rubro el 2% de sus ingresos. Esta disparidad refleja un sistema regresivo: quienes menos tienen, pagan proporcionalmente más por cuidar su salud. La seguridad social como factor determinante Contar con acceso a la seguridad social, especialmente en el ámbito de la salud, marca una profunda diferencia en la vida de las familias. Los hogares afiliados a sistemas como los servicios médicos de Pemex o las Fuerzas Armadas (ISSFAM) destinaron apenas el 1% de sus ingresos a gastos en salud, mientras que quienes cuentan con el IMSS o el ISSSTE erogaron un 1.4% y 2%, respectivamente. En contraste, en los hogares sin afiliación a ningún sistema de seguridad social —en su mayoría encabezados por trabajadores independientes—, el gasto en salud se dispara hasta representar el 2.7% de sus ingresos. Esta diferencia, aunque aparentemente pequeña en porcentajes, puede traducirse en privaciones significativas en el día a día, especialmente para quienes tienen menores ingresos. La falta de cobertura implica un mayor desembolso en consultas y medicamentos aunada a la incertidumbre de no contar con un respaldo ante emergencias médicas. La seguridad social, por tanto, no es sólo un beneficio, sino un pilar en la estabilidad financiera de las familias. Los altos costos que empujan a la vulnerabilidad Las personas adultas mayores enfrentan desafíos aún más acentuados. Entre 2018 y 2024, este grupo experimentó el aumento más elevado en el gasto trimestral por hogar, pasando de mil 567 a 2 mil 285 pesos, un repunte de 718 pesos (46%). Esta alza refleja la creciente presión financiera que enfrentan las familias con integrantes de la tercera edad. Su demanda incremental de servicios médicos y medicamentos, por causa de la vejez, afecta la capacidad de ahorro y calidad de vida de las familias que les acogen. El empobrecimiento por razones médicas es un problema creciente, con aproximadamente 287 mil hogares cayendo en pobreza como consecuencia directa del gasto en salud. Esto significa un aumento del 60% (107 mil 711 hogares más) respecto a 2018. Además, existe un marcado rezago regional: estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Guerrero concentran la mayor cantidad de hogares afectados, mientras que entidades como Colima y Baja California presentan menores niveles de impacto. Recomendaciones para un sistema de salud equitativo Ante este panorama, México Evalúa propone medidas urgentes. En primer lugar, es necesario adecuar el presupuesto en salud según el número de personas y las necesidades que experimentan. Además se debe blindar de recortes hasta lograr un nivel digno de atención. A su vez, la calidad y el financiamiento entre los sistemas de salud para personas con y sin seguridad social también debe equipararse. Otras medidas clave son: garantizar un paquete médico básico universal, accesible en cualquier institución pública o privada; crear un plan de infraestructura médica a largo plazo para asegurar el acceso a tratamientos; y, por último, es fundamental fortalecer la transparencia y evaluación de los sistemas de salud. Un sistema de salud público efectivo, equitativo y centrado en las personas evita que más familias caigan en pobreza por gastos médicos o experimenten una mala calidad de vida. La solución no solo requiere más recursos, sino una reforma estructural que garantice el derecho a la salud para todos. Consulta el análisis completo sobre la Situación del gasto en salud en los hogares de México Evalúa, donde se detallan estrategias para construir un sistema de protección social que no deje a nadie atrás. Imagen: Rictus en redes.