Por Cláudia Ascensão Nunes Si un regulador tiene dificultades para decidir si una transmisión en vivo en YouTube debe considerarse “televisión”, el problema real puede no ser la plataforma, sino las normas y la insistencia del Estado en seguir aplicándolas. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa brasileña LiveMode transmitió 34 partidos de forma gratuita en YouTube, incluidos todos los juegos del equipo nacional portugués, utilizando un modelo financiado por publicidad y patrocinios. La iniciativa atrajo grandes audiencias; sin embargo, la empresa se encontró atrapada en la burocracia regulatoria. El regulador de medios de Portugal, la ERC, primero la clasificó como un servicio de televisión web y luego como un servicio audiovisual bajo demanda. El problema es que cada clasificación determina el régimen jurídico aplicable y las obligaciones que debe cumplir la empresa. Esto plantea una cuestión más amplia: si el marco audiovisual europeo sigue reflejando el panorama mediático digital actual, o si los reguladores están tratando de encajar nuevos modelos de negocio en categorías jurídicas diseñadas para una era tecnológica completamente diferente. Durante la mayor parte del siglo XX, la regulación televisiva tenía una justificación relativamente sólida. El espectro radioeléctrico era escaso. En un contexto genuino de escasez, la concesión de licencias y ciertas obligaciones podían defenderse razonablemente como una forma de gestionar un recurso limitado. El internet destruyó esa premisa. La distribución de contenidos ya no dependía de una infraestructura escasa y el costo de llegar a las audiencias se derrumbó. La justificación original de la intervención estatal desapareció en gran medida. En lugar de reconocer este cambio y reducir el alcance de la regulación, el Estado europeo hizo lo contrario. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD) y sus transposiciones nacionales siguen operando con categorías creadas para la era de la escasez. Cada vez que aparece un nuevo modelo de distribución, la respuesta automática es encontrar en qué casilla jurídica puede encajar y qué obligaciones pueden vincularse a él. El mismo impulso aparece en el Reino Unido, donde el gobierno propuso exigir a plataformas privadas como YouTube que den mayor prominencia al contenido de la BBC. Esta es una medida moralmente cuestionable: se exige a los contribuyentes que financien, a través de la tasa de licencia televisiva, un canal público que el Estado, actuando tanto como regulador como productor de contenidos, ahora busca imponer por medios administrativos en plataformas privadas. En ambos casos, el Estado actúa como si la justificación original de su intervención (la escasez de espectro) no hubiera desaparecido, y su pretensión de continuar organizando el mercado de contenidos sigue siendo necesaria. En una sociedad libre, la intervención del Estado en la actividad económica privada no debe ser la regla, sino la excepción que debe justificarse. Esto no significa que ninguna regulación tenga sentido. Las normas claras sobre la protección de los menores, la transparencia comercial o la competencia pueden seguir siendo legítimas. El problema surge cuando el fallo de mercado original ya no existe y sin embargo se mantiene o amplía automáticamente el alcance de normas creadas para un contexto diferente. Estas normas acaban funcionando como barreras de entrada para los nuevos operadores. Imponen costos de cumplimiento —como registro, asesoramiento jurídico y posibles contribuciones financieras— que las grandes plataformas pueden absorber. Para las pequeñas empresas que están comenzando o experimentando con un nuevo modelo, esos costos pesan mucho más. El resultado es menos competencia y menor disposición a experimentar con diferentes formatos. Para los consumidores, esto significa menos alternativas, especialmente gratuitas o de menor costo, y un mercado cada vez más dominado por los mismos grandes actores. La retórica frecuente del “interés público” y el “pluralismo” acaba, en la práctica, protegiendo a quienes ya están establecidos y reduciendo las opciones disponibles para el público. Lo vemos tanto en el caso de LiveMode como en las propuestas británicas. En Portugal, el regulador se centró en clasificar y reclasificar una transmisión gratuita, creando un proceso que la empresa se vio obligada a aceptar y lo hizo bajo protesta. En el Reino Unido, la respuesta al cambio tecnológico fue proponer exigir a las plataformas privadas que prioricen el contenido de un canal público. En ninguno de los dos casos el proceso comenzó con una demostración clara de que esas obligaciones específicas siguen abordando un problema concreto y proporcionado para los consumidores. Antes de aplicar normas creadas para la televisión del siglo XX a los nuevos modelos de distribución, debería exigirse a los reguladores que demuestren que esas normas siguen sirviendo a un interés público claro y justificado. Si no pueden hacerlo, la presunción debería favorecer la libertad para experimentar antes que la expansión automática del poder regulatorio. ****Cláudia Ascensão Nunes es una escritora portuguesa. Es presidenta de Ladies of Liberty Alliance – Portugal.