El gobierno de Sheinbaum, como antes el de López Obrador, persiste en la creencia de que el discurso presidencial es tan poderoso que tapa la realidad. Insistía el expresidente, y ahora la presidenta, que su movimiento llegó al poder con la clara consigna de acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y que han cumplido. AMLO insistió desde que llegó al gobierno en 2018 que la corrupción en gobiernos anteriores ascendía a 500 mil millones de pesos anuales y que al no permitir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana, se lograban ahorros significativos destinados a programas sociales. Para el final de su sexenio, el presidente afirmó que el combate a la corrupción generó un ahorro acumulado de 2 billones de pesos. Nunca se ofreció evidencia para comprobar ni la cifra inicial de su sexenio ni, mucho menos, la del final. Lo que sí sabemos es que durante su gobierno ocurrieron casos de corrupción como el de su hermano Pío López Obrador, el de Delfina Gómez, el de Manuel Bartlett en la CFE, el del DIF, en la CONADE, Profeco, amigos de Andy y, el más importante de todos, Segalmex. Esto sin hablar de la opacidad en las asignaciones de las obras públicas emblemáticas: Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y Transoceánico. Todos impunes. Entonces, ¿hubo privilegios en cuanto a la protección frente a la justicia o no los hubo? Todos impunes En cuanto a la austeridad republicana y el adelgazamiento del sector público, tampoco hay pruebas pues el Presupuesto de Egresos de la Federación ha crecido 93% en términos nominales y 31% en términos reales desde 2018. La presidenta Sheinbaum ha seguido la misma línea discursiva. Apenas el pasado 4 de mayo en su conferencia mañanera enumeró una serie de logros que, según ella, se explican por el combate frontal a la corrupción que los analistas no reconocemos. Su línea de argumentación es que se dedica 1 billón de pesos a los programas sociales porque se acabó con la corrupción del pasado y hay honestidad en el manejo de los recursos. Los despreciados y vituperados analistas ofrecemos un panorama distinto. Hay opacidad en el uso de los recursos, el Ejecutivo desvía la asignación original de esos recursos para fines distintos a los aprobados, las asignaciones directas siguen siendo el principal método de contratación. Hay opacidad en el uso de los recursos Pero el verdadero origen del millón de millones destinados a las transferencias sociales, se ha dado por otros motivos. Primero, el aumento en el gasto público que pasó de 5.8 a 10 billones entre 2018 y 2026. Segundo, el aumento de la deuda pública que se incrementó de 10.5 billones en 2018 a 18 billones en 2025. Tercero, un manejo presupuestal que prioriza las transferencias en efectivo y castiga la inversión en educación y salud. En un salto mortal, sin ningún elemento de causalidad, afirma que gracias al combate a la corrupción salieron 13.5 millones de personas de la pobreza. Y nada dice de 44 millones de personas que hoy no tienen acceso a la salud, a diferencia de 20 millones que había en 2018. Nos dice, también, que no podría explicarse el aumento de la recaudación fiscal si no hubiera honestidad y ausencia de corrupción, pero calla sobre los 600 mil millones de huachicol fiscal que superaría por casi el doble los esfuerzos de mayor recaudación. Nos habla de la honestidad de las autoridades, pero ni una línea sobre la extorsión que sufren los pequeños y medianos empresarios a manos de las autoridades (y del crimen organizado protegido por esas mismas autoridades) que finalmente son un impuesto que llega a los bolsillos de alguien. Juan José Sierra, líder de la Coparmex, afirma que la extorsión es el impuesto más alto que pagan las empresas, que su impacto económico alcanza los 15 mil millones de pesos, que la autoridad se convierte muchas veces en el principal extorsionador de las empresas y que sólo el 3% de las extorsiones se denuncian o derivan en una carpeta de investigación. Este delito de corrupción está desbordado. La presidenta nos da como ejemplo la detención del presidente municipal morenista en Jalisco, de Tequila, para mostrar que “no se protege a los propios” y que no se explicaría “si no estuviéramos acabando con la corrupción”. ¿No le parecería una muestra más relevante del “no encubrimiento de los propios” la detención provisional de Rocha Moya, el senador Insunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Sinaloa? Nos ofrece como muestra del combate al crimen organizado (uno de los mayores delitos de corrupción que aqueja el país) el envío de 94 jefes, detenidos en México y solicitados por el gobierno de Estados Unidos, pero no actúa igual cuando de autoridades federales o estatales se trata. Otras pruebas que ofrece la presidenta como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción son la ley contra el nepotismo, la no reelección, la reducción del número de regidores, la disminución de los presupuestos de los congresos estatales y la desaparición de las “pensiones doradas”. De verdad piensa que estas acciones tienen el potencial de reducir la corrupción, aunque sea un poquito y sacar a México de la calificación de 27 puntos sobre 100 que nos da el Índice de Percepción de la Corrupción (2025). Y la cereza del pastel. De verdad cree, como lo dijo en su conferencia matutina, que otro buen indicador de la ausencia de corrupción es que ella “puede pasear por el país y que la gente la saluda” (sic). La triste realidad es que el combate a la corrupción ha sido puro cuento de la 4-T y que las cuentas no respaldan ese cuento.