Por Lorenzo León Robles Cuando en los estudios cualitativos de esta investigación preguntamos a las y los mexicanos si terminarían definitivamente con la corrupción sucedió algo paradójico. Encontramos que la ciudadanía entiende que “la corrupción implica pérdidas para la sociedad1”. Sin embargo, estas mismas personas lidian con injusticias e ineficacias en su vida, para las cuales la corrupción ofrece ventajas y beneficios. Estos atajos se acabarían con la misma. Lo que muestra que al mismo tiempo que es indeseable, la corrupción puede seguir pareciendo inevitable o necesaria. Hay un segmento de la población que entiende a la corrupción como un método para salir adelante, porque el sistema está “trucado”. Es más, a la mayoría no le interesa que se castiguen los actos menores de corrupción que cometen los ciudadanos. La corrupción que importa es la grandota: la de los políticos, empresarios. La de aquellos que tienen más poder. La corrupción menos tolerable es aquella que desvía fondos públicos, evade impuestos empresariales o socava el sistema de justicia. La que ofrece más beneficios al mexicano común y corriente es la mordida. Usamos el término mordida como una forma de encapsular varios actos de la corrupción y simplificar varios modus operandi. Una mordida puede servir para asegurar la inscripción de los hijos e hijas en la escuela, para “ganar” concursos para obtener una plaza, para ser atendido en una fiscalía o en un hospital o, de forma más común, para evadir una multa. Una forma de entender la mordida es como un costo oculto. Al inicio de un trámite susceptible de corrupción, el funcionario evalúa el contexto (mejor que haya poca gente), luego evalúa al cliente: aquí el racismo, clasismo y machismo operan transversalmente. Ser atendido en un hospital que en teoría es público, no queda en manos de la ley. El funcionario discrimina al ciudadano e impone la cuota basado en sus propios criterios. La corrupción crea una barrera de entrada a los servicios públicos. La corrupción también privatiza lo público. Por ejemplo, las reglas de tránsito están ahí para disminuir el riesgo para todos. Una infracción es sancionada para incentivar el buen comportamiento. Los participantes de nuestro estudio nos decían que todos se han pasado un alto: sea porque llevaban prisa o por falta de atención. Pero con una mordida evitaron la multa y, al extraer un beneficio personal, aumentaron los costos comunes. En estos casos, el costo de la mordida es menor que la oportunidad de acceder al bien público. Pero ¿cuánto cuesta la corrupción en México? El INEGI calculó que el costo de las mordidas en 2022 fue de 9,500 millones de pesos con un promedio por mordida de $3,044 pesos. Y, aunque esta cifra sea importante, no es la mejor forma de entender un problema que nos afecta a todos de manera tan complicada. Para calcularlo de una mejor manera, es necesario conocer qué nos dice la población acerca de sus experiencias. De nuestros encuestados, el 9.4% respondieron que en el último año tuvieron que dar una mordida. En promedio, ese 9% tuvo que dar 2.5 mordidas al año, con un costo promedio estimado en $1,873. En tanto que cada víctima da más de una vez mordida, estimamos que al año se dan 23 millones de mordidas en el país. Esto significa que en total el gasto por la corrupción es de 43 mil millones de pesos, cinco veces más de lo que estima el INEGI. Con esta aproximación estadística podemos unir cada estimación y calcular el costo total de las mordidas en México. Para simplificar la información decidimos dividirlo entre todos los mexicanos mayores de 18 años. Encontramos que a las y los mexicanos adultos les cuesta $483 pesos al año los actos de corrupción.

Es interesante ver que durante la pandemia, éste disminuyó a menos de la mitad de lo que costaba en 2019. Es probable que esto sucediera porque durante la pandemia, la mayoría de la población simplemente no salía de sus casas. Este año, el gasto en mordidas fue menor que el año anterior, aunque no es posible saber si fue por algún cambio en las políticas anticorrupción o por las grandes fuerzas económicas que sufrió el país. Algo realmente preocupante de estos resultados es la distribución de este costo por clase social. Aunque las personas de clase baja pagan menos en general que los demás, no es la clase alta la que más paga por mordidas en el país, sino la clase media. La diferencia es de $43 pesos, pero dado que nuestra clase media gana alrededor de $15,000 pesos al mes y la clase alta gana $70,000, esto significa que la clase alta paga 7% menos en mordidas, pero gana casi 500% más que la clase media. Otra forma de verlo sería con respecto al salario mínimo. Si una familia promedio paga $1000 pesos en mordidas al año, para aquellos que ganan el salario mínimo (36% de la población) esto implica que un día al año tienen que gastar casi la tercera parte de lo que ganan en un mes para tratar con el gobierno. Los y las mexicanas respondieron que la corrupción es inevitable e indeseable, pero necesaria. Entienden a la corrupción como algo que crea barreras de entrada arbitrarias y que priva a la sociedad de recursos. A pesar de eso, según todos, los beneficios que trae la corrupción son demasiado buenos como para desear eliminarla del todo. Si podemos entender con mayor claridad las características de los costos, tal vez sería fácil concluir que estos beneficios no valen la pena. En México, todos pagamos alrededor de $500 pesos al año en mordidas. La gente que habita en la clase media paga incluso más. Este cálculo individual significa que para algunos sí vale la pena el gasto anual de corrupción, por ejemplo, cuando necesitan atención médica o conseguir alguna plaza. Para el resto no. Los ejemplos que nuestros encuestados y entrevistados dieron de sus experiencias de corrupción hablan de servicios y prestaciones que, según la ley, deberían de ser gratis y accesibles para todos y todas. Si estamos pagando por algo que debería ser gratis, significa que el problema es un estado que no está garantizando nuestros derechos. La corrupción es una manera injusta de arreglarlo. Nuestro cálculo intenta visibilizar uno de los costos sociales de las fallas en el gobierno. Todos terminan pagando un poco y, desafortunadamente, no se reparte de manera equitativa. Quienes sufren más la corrupción son aquellas personas con alguna necesidad: de atención médica, trabajo o educación. En teoría, son problemas que nuestro sistema social promete resolver: derechos mínimos de una sociedad democrática. En la práctica, cada ciudadano mexicano, además de sus impuestos, paga $500 pesos más al año, como una cuota extra para defender los derechos humanos que el gobierno incumple en darle. 1 Véase: “De qué hablamos cuando hablamos de corrupción” Miguel Ángel Torhton en este mismo reporte.