Por Brandan P. Buck Investigador de Política Exterior e historiador en el Instituto Cato y doctor en Historia por la Universidad George Mason. El presidente Donald Trump fue elegido en 2024 en parte por su promesa de acabar con "las guerras interminables de Estados Unidos". La administración Trump dice que no quiere nuevas guerras, declarando audazmente que "[m]ediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos–y quizás lo más importante, las guerras en las que nunca nos metamos". Aunque es demasiado pronto para juzgar su sinceridad o su capacidad para hacerlo, en las primeras semanas de su segundo mandato parece que la administración Trump está dispuesta a insuflar nueva vida a la "guerra interminable" original de Estados Unidos, la de la guerra contra las drogas. La administración Trump ha planteado repetidamente la idea de utilizar la fuerza militar unilateral en México, en concreto lanzando incursiones de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) y ataques aéreos contra los cárteles de la droga. Enmarcando el sentimiento emergente fue Tom Homan, quien, durante una aparición en Fox News, afirmó que el presidente Trump estaba preparado para "usar [el] poder completo de las operaciones especiales de los Estados Unidos para eliminarlos". Elon Musk, que opinó en X, se sumó a la retórica recalentada: "Dudo que los cárteles puedan ser derrotados sin las operaciones especiales de Estados Unidos". El capitalista de riesgo estadounidense y fundador de Palantir Technologies, Joe Lonsdale, declaró con confianza en X que "la misma tecnología y experiencia de Estados Unidos que eliminó a miles de terroristas podría vencer a los cárteles y a sus aliados en el gobierno mexicano, erradicar el fraude y la corrupción, y eliminar a los criminales". Aumentando el ruido de tambores, los académicos de la Fundación Heritage Robert Greenway, Andrés Martínez-Fernández y Wilson Beaver son autores de un documento titulado "Cómo puede el presidente utilizar el ejército estadounidense para asegurar la frontera con México". Entre las cuestiones tratadas en el informe figura la posibilidad de utilizar la fuerza militar estadounidense en México, que según sus autores "puede ser necesaria para suscitar la cooperación de un gobierno mexicano resistente o para contener de otro modo la amenaza de los cárteles". Los autores son más sensibles a los riesgos de la fuerza militar unilateral y no muestran la confianza desmedida de algunos defensores, recomendando en su lugar la acción conjunta de Estados Unidos y México. Sin embargo, subestiman las desventajas que surgirían si Estados Unidos comprometiera tropas en una guerra transfronteriza contra los cárteles mexicanos de la droga. A su favor, los autores enumeran numerosos peligros de una intervención militar unilateral en México de forma tan exhaustiva que uno se pregunta cómo pueden sostener su argumento. El primero de los muchos problemas es la falta de información sobre los miembros de los cárteles y sus redes de suministro. En relación con esto, señalan que la naturaleza de la producción de fentanilo, a diferencia de otras drogas, presenta una firma visual pequeña, impidiendo así la recopilación de inteligencia. También admiten que la corrupción en el gobierno mexicano dificulta aún más la obtención de información. Señalan que estos laboratorios suelen estar situados en centros urbanos muy concurridos, por lo que los ataques contra ellos causarían un elevado número de víctimas civiles. Citan que se estima que los cárteles cuentan con aproximadamente 160.000-185.000 miembros bien armados. Señalan que las redes de cárteles han resistido hasta ahora el "efecto perturbador" de la degradación de la red mediante el asesinato de miembros de alto perfil y que los cárteles han "demostrado en el pasado su capacidad para reestructurarse tras la fragmentación". Tal vez lo más escalofriante sea que señalan las perspectivas de represalias de los cárteles contra ciudadanos y empresas estadounidenses en México y Estados Unidos. Por último, admiten que una militarización prolongada de la frontera, y mucho menos una incursión transfronteriza, pondría en peligro otros intereses estratégicos estadounidenses. En última instancia, los autores presentan argumentos sólidos contra el uso unilateral de la fuerza militar en México. Los autores argumentan que el gobierno de Estados Unidos necesita planificar y prepararse para una intervención de este tipo de todos modos. Este argumento, a pesar de todos los inconvenientes, se basa en la creencia de que el uso de una acción militar unilateral contra los cárteles podría "ser suficiente para impulsar al gobierno mexicano a cooperar con Estados Unidos". Además, afirman que incluso por sí sola, una fuerza militar estadounidense unilateral podría inhibir las cadenas de suministro, obstaculizar las redes de los cárteles y crear "efectos nocivos, aunque temporales, en la actividad y las redes de tráfico de los cárteles". El informe Heritage es un ejercicio de contradicción y de formulación de deseos. Como ya se ha señalado, los autores observan acertadamente que los laboratorios de fentanilo son más pequeños, más difíciles de detectar y más fáciles de sustituir que la producción convencional de drogas. Sin embargo, sus autores concluyen que "con inteligencia suficiente y medidas coordinadas, existe la posibilidad de llevar a cabo acciones bien dirigidas para desarticular los eslabones más vulnerables de las cadenas de suministro de fentanilo". ¿Cómo superarán estos obstáculos los medios técnicos y humanos de inteligencia estadounidenses? Es más, incluso en caso de éxito táctico, ¿cómo se producirá la degradación de las redes de los cárteles con la rapidez suficiente para constituir un éxito estratégico? No lo sabemos porque los autores no nos lo dicen. Al lector escrupuloso no le queda más remedio que preguntarse cómo logrará el gobierno estadounidense lo que el mexicano no ha conseguido. Los autores nos aseguran que la respuesta está en prestar atención a las "lecciones aprendidas de las experiencias de los pasados fracasos del gobierno mexicano para derrotar a los cárteles". Esas lecciones, al parecer, exigen más de lo mismo, como "atacar los eslabones vulnerables" de las cadenas de suministro de los cárteles y la "acción cinética" [es decir, el asesinato] de los líderes de los cárteles. Si la locura es hacer lo mismo dos veces y esperar un resultado diferente, su propuesta sin duda cumple los requisitos. Deberíamos exigir un listón más alto para apoyar nuevas guerras que el de ignorar serias objeciones y participar en sublimes ilusiones. Los argumentos geopolíticos de los autores son igualmente deficientes. Su afirmación de que el poder militar estadounidense podría obligar al gobierno mexicano a cooperar pasa por alto la perdurable atracción del nacionalismo mexicano y el sentimiento antiamericano latente. En este punto, el único ejemplo histórico del informe, la Expedición Pancho Villa, que citan positivamente, es terrible. Aquella expedición fracasó en su misión de capturar a su objetivo y dañó significativamente las relaciones bilaterales durante una generación. En lugar de servir de modelo, la expedición debería servir de advertencia. Además, los autores no tienen en cuenta las posibles consecuencias diplomáticas de dañar las relaciones, como socavar la cooperación en materia de inmigración ilegal, contrarrestar la influencia china en el hemisferio occidental y, si las recientes intervenciones en Oriente Medio sirven de guía, provocar un aumento de los desplazamientos relacionados con la guerra. Su premio de consolación, que la fuerza unilateral contra los cárteles produciría resultados que compensarían las relaciones dañadas, también se basa en una suposición errónea de éxito. Más bien, en una realidad plagada de los numerosos atolladeros de la Guerra Global contra el Terrorismo, una campaña militar a largo plazo en México sería un reto político y logístico, especialmente si México se resiste o si la violencia de los cárteles se intensifica en respuesta. Aunque, afortunadamente, el informe de la Heritage Foundation carece de la arrogancia y bravuconería de algunos funcionarios y partidarios de la administración que, en los últimos meses, han defendido esta causa, no tiene en cuenta las consecuencias diplomáticas y la posibilidad de un fracaso estratégico que probablemente acompañarían a la acción militar estadounidense en México. A pesar de que los autores son conscientes de los escollos de tal empresa, no logran explicar cómo el gobierno de Estados Unidos tendría éxito donde el gobierno mexicano ha fracasado. Además, sus autores apilan numerosos saltos analíticos unos sobre otros, postulando que el éxito militar, en sí mismo una suposición, compensaría cualquier consecuencia diplomática que pudiera producirse. Un análisis más sobrio sostiene que ninguna de las dos cosas está garantizada. Aunque Estados Unidos está sufriendo sin duda la miseria de la epidemia de fentanilo y México está padeciendo el horror asociado a la violencia de los cárteles, las soluciones a ambos problemas deben basarse en un razonamiento sólido. Las posibles soluciones no deben incurrir en contrapartidas tan perjudiciales como los problemas que pretenden resolver. El análisis de Heritage del problema, al igual que la fanfarronería que emana de algunos rincones de la administración Trump, no hace ni lo uno ni lo otro.