Para saber, qué cantidad de indemnización habían recibido los ex funcionarios del gobierno de Alejandro González Alcocer, fue necesario promover un juicio de amparo. Con base en el artículo sexto constitucional, (Derecho a la información), se solicitó, en noviembre del 2001, los montos de esas indemnizaciones al gobierno de Eugenio Elorduy. Con base en el artículo 8, (Derecho de petición), el gobierno de Elorduy contestó, en el límite del plazo que señalaba ese artículo, lo que le quiso, sólo para cumplir con la ley, pero no la información solicitada. Después de un año, el gobierno perdió el juicio y, cumplió con la sentencia de entregar la información solicitada. Aquellos eran tiempos de partidas secretas, asignaciones de obra directas, opacidad en las compras gubernamentales, manejo discrecional del dinero público. (Los ciudadanos no tenían derecho a saber nada de eso). Con Vicente Fox empezó la transparencia. Al entrar a la presidencia dio a conocer su declaración patrimonial: dos terrenitos, un departamento, poco más de un millón en el banco y una vaca lechera… Declaró a la contraloría que, había adquirido para el nidito de amor que compartía con la señora Martha, 87 toallas con valor de 440 dólares cada una, sábanas de 3 500 dólares y que controles remotos para las cortinas por 17 mil dólares. Al grupo Oaxaca, con Javier Solana al frente, a los diputados de la LVIII Legislatura y, al gobierno de Fox, se les debe la Ley de Transparencia y la creación del IFAI. (Ahora INAI). A ellos se les debe el derecho a saber. Esa es la sencilla y profunda justificación de que exista un órgano constitucional autónomo garante del derecho al acceso de la información pública. Hoy, cualquier ciudadano, tiene derecho a solicitar, por ejemplo, su archivo clínico del seguro social. La corrupción no se acaba, pero el INAI, ha contribuido a que los gobiernos sean menos corruptos y más transparentes.