Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de México avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa bajo el argumento de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y prevenir operaciones ilícitas. En la práctica, esto permite que una autoridad administrativa inmovilice los recursos de cualquier ciudadano sin control judicial inmediato. En 2018, la propia Corte había limitado esta facultad precisamente para evitar abusos. Hoy, ese contrapeso desaparece bajo la premisa de que representaba un obstáculo para la UIF. Aunque formalmente es una sanción penal, el congelamiento de cuentas opera, en términos prácticos, como una suspensión del derecho de propiedad porque impide usar, disponer e incluso defender legalmente esos recursos. La Corte sostiene que existe un derecho de audiencia posterior, pero ese “después” es precisamente el punto crítico. El derecho de propiedad es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen las sociedades libres. Como planteaba Frédéric Bastiat, la función de la ley es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Cuando el propio Estado puede suspender ese derecho sin control judicial previo, la ley se convierte en un instrumento de discrecionalidad y en contextos institucionales frágiles, esa discrecionalidad es peligrosa. Según el World Justice Project, México ocupa el lugar 121 de 143 en su Índice de Estado de Derecho, con resultados particularmente bajos en límites al poder gubernamental y ausencia de corrupción. Transparencia Internacional le asigna una puntuación de 27/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Ambos son indicadores de la deteriorada calidad institucional del país. Durante la discusión, algunas voces dentro de la propia Corte advirtieron la falta de certeza jurídica, pero el gobierno sostiene que estas herramientas son importantes para enfrentar estructuras criminales complejas. La pregunta de fondo es: ¿cómo evitar que se utilicen contra quienes no forman parte de esas estructuras? Un ciudadano crítico, una organización incómoda, un actor que cuestiona al poder. En México, la debilidad de los contrapesos no es un tema nuevo. Y aunque el problema del crimen organizado es real y urgente, erosionar las garantías que protegen al individuo y su propiedad no lo resuelve. Al contrario, amplifica los riesgos. ¡Hasta la próxima! ******Directora de Fundación para la Educación Económica.