Cuando hablamos de Estado de Derecho casi siempre pensamos en leyes, tribunales, policías o fiscalías. Pero pocas veces lo relacionamos con algo tan cotidiano como salir de casa y encontrar una calle iluminada, que la basura haya sido recogida, que el drenaje funcione cuando llueve o simplemente poder transitar por una vialidad en buenas condiciones. Para la mayoría de las personas, esa es una de las formas más directas de relacionarse con el Estado: a través de los servicios que recibe todos los días. En Tijuana sabemos bien lo que pasa cuando esos servicios fallan. Aprendemos dónde está el bache que hay que esquivar, qué calle conviene evitar de noche porque está oscura o qué zonas se complican cada vez que llueve. Nos adaptamos y seguimos con nuestra vida. El problema es que terminamos viendo como normales situaciones que no deberían serlo. Un bache deja de ser una simple molestia cuando provoca un accidente; la falta de alumbrado también tiene consecuencias en la seguridad, y un drenaje deficiente puede terminar afectando viviendas y patrimonio. Lo que parece un problema cotidiano muchas veces termina afectando nuestra calidad de vida y nuestros derechos. Además, prestar estos servicios no depende únicamente de la buena voluntad de una autoridad. Es una responsabilidad establecida en la ley. El artículo 115, fracción III, de nuestra Constitución señala diversas funciones y servicios públicos a cargo de los municipios, entre ellos agua potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; limpia y recolección de residuos; calles, parques y jardines, además de la seguridad pública en los términos que establece la propia Constitución. El artículo 1º, por su parte, obliga a todas las autoridades, dentro de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso el Estado de Derecho también tiene que ver con estas cosas. Estamos acostumbrados a hablar de él cuando exigimos que una persona respete la ley, pero las autoridades también están sujetas a ella. Si la Constitución y las leyes establecen responsabilidades para quienes gobiernan, esas obligaciones deben reflejarse en la realidad. Podemos tener buenos reglamentos, presupuestos y programas, pero para quien vive todos los días los problemas de su colonia, lo que realmente importa es que las soluciones lleguen. Eso no significa que como ciudadanos no tengamos responsabilidad. Claro que la tenemos. Si queremos calles limpias, tenemos que dejar de tirar basura; si exigimos espacios públicos dignos, también debemos cuidarlos; y si pedimos orden vial, tenemos que empezar por respetar las reglas de tránsito. Al final compartimos la misma ciudad y también nos toca cuidarla. Quizá una de las cosas que más debería preocuparnos es precisamente cuánto nos hemos acostumbrado. Decimos que los baches, las calles oscuras, el tráfico, la basura o los problemas cuando llueve “son parte de Tijuana”, como si no hubiera otra posibilidad. Adaptarnos puede ser necesario para seguir con nuestra vida, pero no debería significar dejar de exigir que las cosas mejoren. Una ciudad no se conoce únicamente por las grandes obras que realiza o por los proyectos que anuncia. También se conoce por cómo se vive todos los días. Por la calle que recorremos para llegar al trabajo, el parque al que llevamos a nuestros hijos, la luminaria que funciona y los servicios que recibimos en nuestra colonia. El Estado de Derecho también se vive ahí. Porque cumplir la ley no es una obligación exclusiva de los ciudadanos. También lo es de quienes gobiernan. Y cuando la Constitución establece una responsabilidad, cumplirla no es un favor: es una obligación. ***Presidenta a Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”