El Gobierno del Estado dejará de entregarle el 5% del impuesto sobre nómina al Fideicomiso de los empresarios. A través de ese Fideicomiso se han desviado, desde hace más de 20 años, más de mil millones de pesos a la iniciativa privada. Esos cientos de millones de pesos del erario, que los empresarios se gastan discrecionalmente, fue el acuerdo para que dejaran de protestar por el cobro del impuesto sobre nómina. ‘Los empresarios’ lo gastan en oficinas, viajes, asesores, proyectos, pagos de despachos, pitos, flautas y no le rinden cuentas a nadie. Con base en esa lógica, se pueden formar otros Fideicomisos; por ejemplo, el Fideicomiso Proletario, fondeado con un porcentaje del impuesto predial, para que la clase trabajadora no se queje de su cobro. Uno de los principios en los que descansa el estado de derecho, es la atribución exclusiva de la autoridad para crear, modificar y cobrar impuestos. Esa atribución, no tiene por qué negociarse con ningún sector de la sociedad porque, se rompe el principio de autoridad. Los impuestos no son populares, ni voluntarios, ni negociables; son una carga de carácter general, que nos impone unilateralmente la autoridad, «para dizque satisfacer necesidades sociales». Al negociar un impuesto con un sector, como es el caso del Fideicomiso, se rompió ese principio de autoridad. La –responsabilidad- de administrar los impuestos, es exclusiva de la autoridad; los gobernados y contribuyentes no tienen ninguna atribución sobre ellos. El orden constitucional se rompió cuando, a través del Fideicomiso, se autorizó a particulares compartir esa responsabilidad -Decisoria y Ejecutiva- del ejercicio del gasto público. El sector público, «se privatizó» con esa concesión discrecional en favor de la iniciativa privada, socavando los principios en donde descansa, «o descansaba», el derecho. Al cambalachear los ámbitos de competencia de lo público y lo privado, de los gobernantes y gobernados, se enturbió la misión del Estado. Ese cambalache, de competencias pública y privada, debilitó la médula de la democracia representativa, -como medio de control del poder público-, que le da derecho a los gobernados de exigir cuentas a sus gobernantes. Pero si no se sabe, -dónde empieza uno y dónde termina otro-, se desvanece ese derecho. “Con qué autoridad moral”, -frase que hoy está de moda entre los nepotistas que critican el nepotismo, ¿con qué autoridad, los empresarios, pueden exigirle cuentas al Gobierno sobre el destino del impuesto sobre nómina si se llevan una tajada? REFILÓN. → «EL COBRO DE IMPUESTOS Y SU DESTINO ES UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL ESTADO; POR ESO, ES INCONCEBILE QUE EL GOBIERNO PERMITA, A CIENCIA Y PACIENCIA, EL COBRO DE PISO –IMPUESTO- POR EL CRIMEN ORGANIZADO».