Uno de los mayores problemas que hoy enfrentamos es que las instituciones encargadas de combatir la corrupción han dejado de generar confianza en la ciudadanía. Cuando un funcionario es señalado por posibles discrepancias patrimoniales o por manejar recursos que no corresponden con sus ingresos públicos, la sociedad ya no se queda callada. La gente cuestiona, investiga y exige explicaciones. Y cuando las explicaciones cambian constantemente o simplemente no llegan, la credibilidad se pierde. Lo mismo ocurre cuando aparecen propiedades o patrimonios difíciles de justificar frente a los ingresos públicos que se perciben. La ciudadanía ya no acepta que siempre “la casa sea de la esposa, del hermano o de un familiar”. Al final, las personas no evalúan a los funcionarios por discursos ni por nombres rimbombantes de instituciones. Los evalúan por resultados, transparencia y congruencia. Y si hoy muchos casos terminan haciéndose virales en redes sociales y medios de comunicación, es porque la sociedad siente que las instituciones no están funcionando como deberían. La rendición de cuentas no puede depender únicamente de la presión pública. Debe existir desde las propias instituciones.