El próximo 1 de julio constituye un hito institucional para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), al cumplirse el sexto aniversario de su entrada en vigor y activarse el mecanismo de revisión previsto. En esta fecha, cada país deberá presentar una carta oficial, firmada por su Jefe de Estado o de Gobierno, en la que se expresen las preferencias nacionales respecto al futuro del acuerdo. El tratado establece dos rutas posibles. Por un lado, la extensión de su vigencia por 16 años adicionales, lo que abriría un proceso de revisión más amplio y programado; por otro, la adopción de un esquema de vigencias de 10 años, sujeto a revisiones anuales durante una década. Este diseño institucional busca equilibrar la estabilidad del marco comercial con la capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos, productivos y regulatorios que afectan a América del Norte. En este contexto, la posición de Estados Unidos ha adquirido particular relevancia. De acuerdo con declaraciones reiteradas de Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial estadounidense (USTR), Washington no se inclina por una renovación automática de la vigencia. Esta postura introduce un desafío técnico, económico y político al definir con precisión el alcance, los criterios y los procedimientos de las revisiones anuales, especialmente en sectores estratégicos como manufactura avanzada, energía, automotriz, semiconductores y cadenas de suministro críticas. La naturaleza de estos procesos, como la actualización de reglas de origen, la verificación del contenido regional o la exigencia de que el acero sea producido íntegramente en América del Norte, implica plazos de implementación que suelen extenderse por varios años. Por ello, la discusión sobre el mecanismo de revisión no es meramente procedimental, sino que tiene implicaciones directas sobre la planeación industrial, la inversión extranjera directa y la coordinación regulatoria entre los tres países. Desde una perspectiva económica, el debate sobre la vigencia del T‑MEC se inserta en un momento de reconfiguración profunda de las cadenas globales de valor, impulsada por la digitalización, la automatización y la creciente relevancia de la inteligencia artificial en los procesos productivos. La certidumbre jurídica y la estabilidad regulatoria son factores determinantes para que las empresas definan estrategias de inversión a largo plazo. En este sentido, la decisión del 1 de julio no solo delimitará el horizonte temporal del tratado, sino que también influirá en la capacidad de América del Norte para consolidarse como un bloque competitivo frente a otras regiones. La claridad en los mecanismos de revisión es esencial para evitar que la incertidumbre afecte la relocalización de industrias, la integración energética, la transición hacia manufacturas más limpias y la consolidación de ecosistemas tecnológicos trinacionales. Asimismo, la definición de un marco predecible permitirá avanzar en temas emergentes como la regulación de algoritmos, la protección de datos industriales y la armonización de estándares para tecnologías avanzadas. Finalmente, más allá del posicionamiento que cada país presente el 1 de julio, el T‑MEC continuará vigente y operativo. No obstante, la fecha marca el inicio de un ciclo de diálogo institucional que será determinante para el futuro económico de la región. México y Estados Unidos ya han programado una reunión comercial adicional para el 20 de julio en Ciudad de México, lo que refleja la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y de alto nivel. **** Profesor Investigador en Economía Internacional en El Colef. Distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido también profesor en la Universidad Iberoamericana, CISE, “fellow” y “guest scholar” en UCSD y profesor visitante en UC Irvine.