Cambió el año, pero no cambió el país que teníamos en diciembre pasado: ni en su deriva autoritaria, ni en los desafíos que le plantea 2025. Asistimos en 2024 a la demolición diligente, cuasi terminal, de nuestra democracia. Faltan un par de reformas del Congreso para que quede instalada en México una dictadura constitucional. Esto quiere decir que, con la Constitución y las leyes en la mano, el gobierno podrá imponer su voluntad a todos, sin que puedan contenerse legalmente sus decisiones. Se dice que a voluntad del pueblo, que eso votaron los mexicanos. Falso. Lo verá quien revise la elección y la post elección de 2024, donde el oficialismo tuvo el 53% de los votos para el Congreso, pero se apropió el 73% de las curules. Los gobernantes fabricaron así, desde el poder no desde las urnas, unas mayorías calificadas, con las que aprobaron en unas semanas 16 reformas constitucionales, a un paso de terminar la arquitectura legal de una tiranía. Este es el hecho clave de nuestra vida pública al empezar 2025: la existencia de un gobierno sin contrapesos, que ha borrado a su oposición y se ha otorgado facultades legales autocráticas. Es un gobierno fuerte frente a su oposición y a su sociedad civil, pero débil frente a los problemas mas reales del país y frente a las exigencias del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los problemas reales del país son insolubles en el corto plazo: bajo crecimiento, violencia, corrupción, fragilidad fiscal, pobreza y desigualdad. Las exigencias que Trump ha puesto sobre la mesa, tomadas literalmente, son insolubles también. México no podrá detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, ni el tráfico de drogas y fentanilo. Tampoco podrá aguantar la deportación de millones de migrantes ilegales, ni evitar que Trump imponga aranceles o se salga del T-MEC, si México no acepta sus coacciones. Trump es un gobernante mucho más poderoso hoy que en su gobierno anterior. Es más imperioso y está más desbordado. No habrá cálculos electorales que lo moderen, porque ya no se puede reelegir. Y tiene ahora un ejército político de altos funcionarios leales que no tuvo antes. Será un riesgo nacional negociar con él. Con la Constitución en la mano, el gobierno impondrá su voluntad.