Manuel Guadarrama Coordinador de Gobierno y Finanzas El debate de la reforma energética comienza a calentarse. Pocos son los sectores que tienen una implicación transversal en la vida de las personas, los negocios y el país, como el caso del sector eléctrico. En otras ocasiones se han verificado ya datos erróneos o de plano falsos que sostienen quienes argumentan a favor de su aprobación. Pero poco se ha dicho de las implicaciones para las finanzas públicas que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este momento. Ni hablar de los otros costos que se generarían de aprobarse la reforma energética en los términos presentados. Los recursos al sector energético para el siguiente año se estimaron en 1.2 billones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. De este monto, 462 mil 146 millones de pesos irían a CFE. La todavía Empresa Productiva del Estado representa el 5.9% del gasto público total. La composición de su gasto ya arroja alertas que vale la pena tener presentes. Por ejemplo, el “gasto administrativo” de CFE, es decir, los recursos que se destinarían a cubrir los sueldos y salarios, los servicios generales y los materiales y suministros para su funcionamiento representan el 73.7% del total de sus recursos. Si a esto añadimos el costo de la deuda pública que tiene contratada la CFE (6.2% de su presupuesto) nos quedamos con muy poca inversión de CFE en obra pública, tan solo 5.9% de su presupuesto. Aunque demoledores, los datos de la estructura del gasto de CFE no son el principal problema en sus finanzas. Lo peor está cuando comparamos el presupuesto destinado a inversión contra el presupuesto destinado a pensiones de sus trabajadores. En el año 2010, por cada peso que se destinó a inversión se destinaron 55 centavos a las pensiones. Para 2022, el monto en pensiones será de 48.8 mil millones de pesos, 1,200 millones de pesos más que lo destinado a inversión ¡Las pensiones costarán más que la inversión! La bomba de tiempo nos alcanzó. No podemos decir que no lo sabíamos, al contrario, la actual administración echó atrás la negociación del contrato colectivo de trabajo y revirtió los ahorros alcanzados en 2016. De acuerdo con sus resultados financieros, la CFE sí era una empresa productiva. En 2018 y 2019 generó una ganancia de 36 y 45 mil millones de pesos respectivamente. Pero en 2020, a raíz de esa renegociación laboral, al final del año, perdió 87 mil millones de pesos. Esos son los costos actuales de la CFE. Además de los alarmantes datos presentados, con la reforma constitucional en materia energética se generarían otros: 1) Costos judiciales por demandas y cancelaciones de contratos, 2) Inversión adicional para alcanzar las metas de generación que planeta la reforma, 3) Mayores recursos públicos a subsidios para mantener el costo de la luz y 4) Deuda pública para financiar a CFE. Decir desde cualquier tribuna que se asigne o autorice más presupuesto no resuelve el problema. El presupuesto público nos cuesta a todos los mexicanos. A fin de cuentas son nuestros impuestos y contribuciones los que lo conforman. El costo de oportunidad de seguir destinando mayores recursos a CFE o Pemex puede llegar a ser insostenible para los mexicanos. Algo no está bien si tenemos que decidir entre tener luz o contar con servicios de salud. Comparación que, aunque parezca exagerada, habrá que ver cómo se librará en las siguientes semanas en el Congreso de la Unión. *Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no reflejan la postura institucional. Imagen tomada de Twitter no desmentida por CFE.