El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla no responde a la fatalidad de estar en el lugar y momento equivocados; es la triste consecuencia directa de desplazarse por una de las ciudades más peligrosas y violentas de México. La mujer de 21 años, alumna de la Universidad de Granada que había llegado al país hacía apenas cuatro semanas para una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue apuñalada mortalmente la noche del sábado durante un presunto asalto en pleno centro de Cuautla. Para entender el escenario donde cortaron de raíz la vida de Claudia, hay que situar en el mapa a Cuautla, una localidad de poco menos de 200.000 habitantes ubicada a unos cien kilómetros al sur de la Ciudad de México, donde el calor del valle se mezcla con el aire que baja de los volcanes. Cuautla no es un punto cualquiera en la geografía mexicana: posee un trasfondo histórico de enorme calado. Fundada oficialmente como villa en 1605 tras asentamientos indígenas ancestrales, su nombre en lengua náhuatl significa «lugar donde abundan las águilas». En los libros de historia, la ciudad figura en letras doradas por el célebre sitio militar de 1812, cuando el sacerdote insurgente José María Morelos y sus fuerzas resistieron durante 73 días el cerco implacable de los ejércitos realistas españoles. Aquella epopeya de la independencia convirtió a Cuautla en un símbolo nacional de resistencia. Sin embargo, más de dos siglos después, la dignidad de su pasado ha quedado sepultada bajo el peso de la violencia del crimen organizado. Hoy Cuautla evoca una realidad cotidiana mucho más oscura y angustiosa. La ciudad ostenta el trágico distintivo de ser el municipio con la tasa de extorsión más alta de todo México. No hay comercio de barrio, empresa transportista, vendedor ambulante o vecino que no sufra el acoso de las bandas criminales a través del llamado cobro de piso. La violencia en Cuautla se vive a plena luz del día en sus plazas y calles. El pasado fin de semana, junto con el condenable asesinato de Claudia, otras cinco personas murieron violentamente en el estado. Lo más grave de este deterioro no ha sido una fatalidad inevitable, sino la consecuencia lógica del carcomido sistema institucional. Hace solo unos meses, un operativo de las fuerzas federales destapó la podredumbre política local con la detención del propio alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de cuatro de sus más cercanos colaboradores directos. Corona fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, tras permanecer diez días prófugo. Según las investigaciones federales, quedó acreditado lo que la población musitaba con miedo: los responsables de garantizar la seguridad municipal operaban de la mano de los grupos delictivos, facilitando la red de extorsiones y el tráfico de armas que atenaza a la región. La Fiscalía estatal investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio. Para la comunidad universitaria y los residentes de la zona, el ataque no representa un hecho aislado, sino la confirmación del colapso de la seguridad en un territorio controlado por la delincuencia. En este entorno convulso, las aulas universitarias acabaron convertidas en un refugio bajo amenaza constante. El crimen de Claudia Tacoronte se encuadra en una alarmante cadena de agresiones contra las estudiantes de la zona que viene arrastrándose desde hace tiempo. Apenas medio año antes de este ataque, en los primeros días de marzo de 2026, la comunidad estudiantil de Morelos tocó fondo ante una oleada feminicida demoledora. Primero se confirmó el hallazgo sin vida de la joven Karol Toledo, alumna de la UAEM que había sido reportada como desaparecida. Días después, el 5 de marzo, la indignación saltó por los aires al localizarse el cuerpo sin vida de Kimberly Joselin Ramos, una estudiante de solo 19 años adscrita al campus de Mazatepec, tras jornadas de desesperada búsqueda. Aquella acumulación de tragedias y la pasividad de los gobiernos locales provocaron un estallido social en los campus. Los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dijeron basta y votaron un paro general de actividades que paralizó las aulas durante meses. Fue un periodo de facultades cerradas, marchas multitudinarias y asambleas permanentes en el que los estudiantes, muchos con el rostro cubierto por miedo a las represalias de las mafias o de los propios cuerpos policiales, exigieron condiciones mínimas de seguridad para poder acudir a clase sin jugarse la vida. Aquel encierro prolongado evidenció que ser mujer y estudiante en la región significaba andar por la cuerda floja. Morelos ocupa, después de Sinaloa —un estado sumido en una abierta confrontación criminal desde hace dos años—, el segundo lugar nacional en asesinato de mujeres. Claudia llegó a ese ambiente convulso cargada de proyectos, sin poder imaginar que las calles que recorría ya no pertenecían a los vecinos, sino a los criminales. Las primeras pesquisas policiales señalan que, tras acudir el sábado 12 de septiembre a la Feria de la Planta Medicinal, fue sorprendida por un individuo que trató de arrebatarle sus pertenencias y la hirió de gravedad antes de perderse en la noche. Aunque los servicios sanitarios intentaron socorrerla, la gravedad de las lesiones provocó su muerte a las pocas horas. El asesinato de la joven canaria ha levantado una ola de luto y protesta en ambos lados del Atlántico. En México, el caso vuelve a poner al descubierto la grieta de un sistema que no logra proteger a quienes caminan por sus calles. La ciudad que un día resistió a los cañones coloniales es hoy una trampa marcada por la extorsión y por cargos públicos caídos en desgracia tras aliarse con el crimen. Claudia Tacoronte ya forma parte de esa dolorosa lista que sus compañeros universitarios exigían que no se volviera a ampliar, recordando con trágica nitidez lo caro que se paga el desamparo en las calles de Morelos. ****Director editorial de Excélsior, conductor de noticiarios en Grupo Imagen Multimedia.