En la víspera del análisis del paquete económico del 2026 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el componente de salud de las dos más grandes instituciones de seguridad social enfrenta un desequilibrio estructural que compromete su viabilidad y representa una contingencia mayúscula para las finanzas públicas del país. El desfinanciamiento crónico que aqueja al IMSS y al ISSSTE no es una coyuntura pasajera, sino el resultado de modelos actuariales superados por la realidad demográfica y epidemiológica del siglo XXI. Esta falla de diseño se ve agravada por grandes pasivos institucionales y una persistente contención del gasto federal en el sector, creando una tormenta perfecta cuyo impacto se mide en déficits operativos de miles de millones de pesos cada año. El IMSS, el gigante de la seguridad social, ilustra una peligrosa paradoja: De acuerdo con el Informe al Ejecutivo sobre su Situación Financiera, la suficiencia proyectada hasta 2036, enmascara una hemorragia en su componente más vital, el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), el cual registró un alarmante déficit operativo de 110,379 millones de pesos (mdp) sólo en 2024. Este desbalance tiene dos causas principales: El primero es el costo creciente de las enfermedades crónicas no transmisibles; la atención a padecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer ya consume 101 mil mdp, equivalentes al 19.4% de los ingresos totales del SEM. El segundo, es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de su propio personal. Este pasivo, valuado en 1.95 billones de pesos, consumió el 20.6% del gasto total del Instituto en 2024, generando un desbalance presupuestario que desvía recursos que deberían destinarse a infraestructura, equipamiento y personal médico. El resultado es una insostenibilidad en el mediano y largo plazo, reflejada en un déficit actuarial de 4.6 billones de pesos. Si la situación del IMSS es preocupante, la del ISSSTE es crítica. Su horizonte de viabilidad es alarmantemente corto, de acuerdo con su Informe Financiero Actuarial 2025, se prevé el agotamiento total de la reserva de su Seguro de Salud proyectado para 2029. Su déficit operativo en 2024 alcanzó los 15,531 mdp, pero a diferencia del IMSS, su crisis se origina en una profunda falla de gobernanza. El ISSSTE es un acreedor cautivo de otras entidades del Estado. Al cierre de 2024, la deuda de dependencias públicas (estados, municipios y universidades) ascendía a 93,714 mdp, un monto que crece anualmente y que drena la liquidez de la institución. Este incumplimiento sistémico, es un absurdo fiscal donde el Estado se auto incumple e impide la modernización de una infraestructura ya deficiente y, agrava el desafío de atender a una población derechohabiente significativamente más envejecida que la del promedio nacional. Este panorama se deteriora por una política de gasto público federal que ha mantenido la inversión en salud estancada en torno al 2.8% del PIB, una cifra muy lejana al 6% recomendado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para sistemas de salud funcionales. El sector salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en este año tuvo una disminución del 12% con respecto al 2024. Cada ejercicio presupuestal que no cierra esta brecha acelera el consumo de reservas de las dos instituciones y pospone inversiones críticas, perpetuado así un ciclo de deterioro en la calidad de los servicios que, en última instancia, transfiere el costo al ciudadano a través del gasto de bolsillo y así tratar de compensar las carencias del sistema público. La discusión del PEF 2026 exige un debate técnico y soluciones de fondo. Las estrategias deben ser diferenciadas y contundentes. Para el IMSS, es ineludible una reforma estructural a su RJP que separe su financiamiento del presupuesto operativo de salud, deteniendo la sangría interna. Simultáneamente, se debe hacer un “rebalanceo” de sus seguros superavitarios con los deficitarios y actualizar su esquema de cuotas, particularmente el componente fijo ligado a la UMA, cuya fórmula actual provoca una erosión constante de su valor real frente a la inflación médica. Para el ISSSTE, la prioridad es de orden legal y político: Establecer un mecanismo legal y automático que garantice el pago de las deudas de las entidades públicas. Y reformular un nuevo modelo de financiamiento del Seguro de Salud que sea suficiente y sostenible a largo plazo. Sin al menos estas dos medidas cualquier otra será insuficiente. La discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados definirá si se administran paliativos o se acomete la reforma estructural del componente de salud que el país exige. El presupuesto en salud del PEF 2026 no debe contener más recortes, por el contrario, debe de incrementarse al menos en un punto del PIB, pues la inacción ya no es una opción financieramente viable; es la garantía de una crisis mayor. ****Médico especialista y analista en salud.