Por Camila Itzel Lugo Porras El cáncer representa una presión creciente para el sistema de salud en México, tanto por su impacto en la salud de la población como por los recursos públicos que requiere para su atención. En los últimos años, esta enfermedad se ha consolidado como una de las principales causas de muerte en el país. Tan solo en 2024, 104 mil personas fallecieron por tumores malignos, lo que equivale a casi 13 % del total de las defunciones registradas. Los cánceres colorrectal, de mama y de próstata concentran una parte importante de esta carga, y las mayores tasas de mortalidad se observan en entidades con alta densidad poblacional como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. El problema no solo es actual, sino también futuro. En 2022 se registraron poco más de 200 mil nuevos casos de cáncer, y las proyecciones indican que esta cifra podría casi duplicarse hacia 2050, como resultado del envejecimiento poblacional y del aumento de enfermedades crónicas. Este escenario anticipa una presión creciente sobre un sistema de salud que ya enfrenta limitaciones financieras y operativas. Desde la perspectiva presupuestaria, el análisis del gasto en cáncer enfrenta una restricción estructural: en México, el gasto público en salud no se clasifica por enfermedad. Esto obliga a recurrir a informes administrativos y fuentes externas para aproximar los recursos destinados a la atención oncológica, lo que limita la transparencia y la evaluación del desempeño del sistema. En el caso del IMSS, el gasto destinado a la atención del cáncer disminuyó 3.4 % en 2024, a pesar del aumento sostenido en la demanda de servicios. Este ajuste ocurrió al mismo tiempo que el número de pacientes atendidos también se redujo, lo que evidencia una tensión cada vez mayor entre las necesidades de la población y los recursos disponibles. Además, desde ese año dejaron de publicarse datos clave, como el costo promedio por paciente, lo que dificulta evaluar la eficiencia del gasto. En el ISSSTE, el cáncer ya se ha convertido en el principal rubro de gasto por enfermedad, al concentrar casi 9 % del gasto del Seguro de Salud. Las proyecciones financieras del propio instituto advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, el gasto en atención oncológica podría superar los 50 mil millones de pesos hacia 2050, impulsado por el envejecimiento de su población afiliada y la mayor complejidad de los tratamientos. La situación es aún más crítica para la población sin seguridad social. Los recursos destinados a la atención del cáncer se han reducido de forma sostenida, mientras que la cobertura cayó de manera significativa. El principal fondo público para financiar estos padecimientos cuenta hoy con menos de una tercera parte de los recursos que tenía en 2019, lo que limita severamente su capacidad para atender a quienes más lo necesitan. Uno de los retrocesos más preocupantes se observa en la atención del cáncer en la mujer. Entre 2017 y 2023, el gasto destinado a estos padecimientos se redujo 52.7 %, con recortes especialmente profundos en cáncer de mama y cervicouterino. Además, a partir de 2024, esta información dejó de publicarse de forma desagregada, lo que impide dar seguimiento a los recortes y evaluar su impacto en el acceso a servicios y medicamentos. Para lograr una atención integral del cáncer en la población sin seguridad social, se estima que se requerirían alrededor de 27 mil millones de pesos, es decir, más de tres veces el gasto observado en años recientes. Sin embargo, más allá del monto de los recursos, existe un problema cada vez más crítico: la pérdida de información pública. La ausencia de datos actualizados sobre gasto, cobertura y número de pacientes atendidos dificulta identificar brechas, estimar necesidades reales y diseñar políticas basadas en evidencia. La combinación de una carga creciente de cáncer, recursos insuficientes y una menor disponibilidad de información configura un escenario preocupante. Sin financiamiento adecuado y sin datos transparentes, el sistema de salud enfrenta serias limitaciones para garantizar una atención oncológica equitativa, oportuna y sostenible en México. ****Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante su formación universitaria colaboró como asistente de investigación en distintos proyectos académicos, participando en la construcción de bases de datos, el desarrollo de análisis econométricos y estudios cuantitativos vinculados al crecimiento económico, la innovación y las políticas públicas.