Qué pena que un ex rector de la UABC esté acusado de desvío de recursos públicos. Un académico de larga trayectoria, con dos doctorados, investigador del CONACYT, maestro de funcionarios de primer nivel del gobierno de López Obrador, jubilado de la Universidad, ex secretario de desarrollo económico, promotor del Banco de los Pobres de Muhammad Yunus y…, secretario de economía del tristemente célebre gobierno de Montserrat Caballero, de donde lo hicieron renunciar “por motivos de salud”. Lo acusan del desvío de 42 millones de pesos del Fideicomiso Fondos Tijuana y lo que se acumule… Los millones de Fondos, los maneja el ayuntamiento y provienen de la venta de los pases médicos para cruzar rápido la línea a San Diego. Oficialmente, las farmacias lo compran a 300 pesos para quienes cruzan de San Diego a Tijuana para atenderse medicamente o comprar medicinas. (El fin de los pases se pervirtió y se empezó a tranzar con ellos vendiéndose hasta en 800 pesos a cualquier pelado, pero, esa es otra parte de la historia). El Ayuntamiento, por conducto de la secretaría de economía, convoca cada año a las personas físicas y morales, con domicilio en Tijuana, para que presenten proyectos que fomenten y promuevan el desarrollo económico. Existen cuatro tipos de proyectos que se financian con dinero de Fondos: “Impulsar al Autoempleo, Emprende Tu Futuro, Detonando Proyectos y Ecoturismo Social Gastronómico y Cultural”. El tope de los créditos es de 2 y medio millones de pesos. En representación de Montserrat Silvestre, el secretario de economía, preside las reuniones del comité técnico que aprueba los planes y otorga los préstamos. Al ex secretario de economía, lo acusan de no respetar las reglas de operación, financiar proyectos fantasmas y otorgar fondos de manera irregular (En uno de los casos se entregó a una persona 7.5 millones de pesos). La bronca, para el estimado exrector y amigo, es que su firma quedó plasmada en los documentos que lo incriminan. Durante su comparecencia, de cuatro horas ante la Fiscalía Anticorrupción, declaró que la presidente Montserrat Silvestre y Miguel Ángel Bujanda le ordenaron que otorgara créditos inflados e ilegales y que, a él, no le quedó otro remedio que “ser institucional”. Es una pena que, “por su institucionalidad”, y hacerle caso a ese par de sinvergüenzas, haya tirado al drenaje su prestigio, carrera académica y enfrente un proceso penal.