Por Susana Camacho Programa de Justicia “Los jueces favorecen a presuntos delincuentes”, “existe un alarmante número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales”, “los delincuentes regresan a las calle por liberaciones de los jueces”. Éstas y similares declaraciones que responsabilizan a los jueces de la incidencia delictiva y la impunidad, pretenden justificar la reforma judicial. Una reforma judicial en la que —por cierto— hay personas candidatas a jueces que diversas organizaciones han expuesto por sus probables ligas con redes e intereses criminales. Pero, hay que admitirlo: en todos y cada uno de los foros sobre la reforma judicial, se termina hablando de la necesidad de abordar los problemas de las fiscalías. Si nos vamos unos pasos más atrás, también debería discutirse el papel de las policías en la investigación legal de delitos y su escasa coordinación con las fiscalías. Todas las instituciones se tienen que hacer responsables de los resultados de todo el sistema. Cambiar a un jugador en el partido, como serían los jueces penales, no mejorará los resultados contra la impunidad. El sistema de justicia penal (SJP) requiere trabajo en equipo y cambiar por completo algunas estrategias. Una que es clave es la investigación de los delitos. Los jueces tienen la obligación en el proceso penal de proteger derechos tanto de víctimas como de personas procesadas. Tienen la obligación de escuchar en audiencia a los fiscales, las víctimas y los defensores. Tienen la obligación de emitir sentencias basadas en las pruebas. Tienen la obligación de ajustarse a las leyes. Tienen la obligación de sancionar si se presentaron pruebas suficientes contra las personas responsables. Si las policías y fiscalías consiguen pruebas al margen de la ley, siembran pruebas para justificar detenciones, invaden la esfera de derechos de las personas sin órdenes judiciales, presentan pruebas y argumentos débiles ante los tribunales, el resultado en un Estado de Derecho debería ser siempre el mismo: los jueces no podrán cumplir con sus obligaciones. Estructura robusta, resultados desiguales Analicemos un ejemplo sobre el funcionamiento en equipo o, de manera sistémica, qué se requiere para sancionar con justicia a las personas responsables de cometer delitos. Miremos el caso de la Ciudad de México (CDMX). La CDMX representa una de las jurisdicciones más complejas del país para evaluar la eficacia de su SJP. Es un entorno urbano con más de 9 millones de habitantes y una incidencia delictiva superior al promedio nacional. En los últimos años, el SJP en la CDMX refleja mejoras notables en la asignación presupuestal, número de operadores judiciales y carga laboral moderada de algunas instancias. Sin embargo, este avance estructural no se traduce de forma lineal en confianza ciudadana ni en resultados eficientes. Uno de los aspectos más alarmantes sigue siendo la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados. En 2023, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) el 92.6% de los delitos en la CDMX no se denuncia, superando el ya elevado promedio nacional (92.4%). La principal razón señalada por las personas encuestadas fue que “denunciar es una pérdida de tiempo”, seguida por la desconfianza hacia las autoridades. Este dato conecta con otro hallazgo clave: los niveles de confianza en el Ministerio Público (38.6%) y los jueces (45.9%) están significativamente por debajo del promedio nacional. Una tubería judicial con múltiples fugas La metáfora de la “tubería procesal” utilizada en los reportes de Hallazgos de México Evalúa, evidencian que en la CDMX la justicia penal pierde efectividad conforme los casos avanzan. En 2023, se iniciaron 242,392 carpetas de investigación, pero sólo el 3.7% culminó en vinculación a proceso. Aún más revelador: apenas el 0.6% de los asuntos derivó en procedimiento abreviado, y menos del 0.3% llegó a juicio oral. Esto significa que más del 95% de los casos no logró avanzar a una resolución judicial clara. Estos datos nos hablan de que el trabajo más común que se hace en la Fiscalía de la CDMX, sigue siendo como antaño: armar expedientes de papel, en vez de ir a audiencias frente a los jueces para sostener los casos. Tal vez porque los ministerios públicos saben que sus investigaciones de papel son débiles e insostenibles en juicio. Esto se refuerza con el hecho de que las determinaciones ministeriales más frecuentes fueron el archivo temporal (63.8%) y la incompetencia (30.2%), lo que sugiere limitaciones en la investigación y en la adecuada canalización de los casos. Esta situación afecta directamente el derecho de acceso a la justicia y la confianza pública en la capacidad resolutiva del sistema. Capacidades institucionales: desigualdad y rezago La capital cuenta con una proporción elevada de fiscales y policías ministeriales por cada 100,000 habitantes (19.7 y 23.4 respectivamente, ambas superiores al promedio nacional), así como con 400 defensores públicos (más del doble del promedio nacional). Sin embargo, estos recursos no se distribuyen de forma uniforme. Las cargas laborales, por ejemplo, varían de forma considerable: mientras que los fiscales atienden menos expedientes que el promedio nacional (247 vs. 310 carpetas), los defensores públicos enfrentan una carga mucho mayor (394 vs. 246 casos anuales en promedio). Esta sobrecarga podría comprometer la calidad de la defensa y la garantía del debido proceso. Por otro lado, la infraestructura disponible es insuficiente. La tasa de agencias del Ministerio Público (MP) por cada 100,000 habitantes en CDMX es de apenas 0.45, muy por debajo del promedio nacional de 2.87. Esta carencia limita la accesibilidad del sistema, particularmente en zonas periféricas o marginadas. Recomendaciones: más allá de los números Si bien la CDMX muestra avances estructurales —presupuesto, número de operadores y algunas herramientas tecnológicas—, el sistema aún adolece de problemas de fondo: impunidad, ineficiencia y desconfianza. Desde México Evalúa recomendamos reforzar los mecanismos de justicia alternativa, institucionalizar la política criminal con participación ciudadana, y profesionalizar aún más al personal de las distintas instancias del sistema. También es urgente fortalecer la infraestructura forense y mejorar la cobertura territorial de las agencias del MP. Sin estos ajustes, los avances cuantitativos difícilmente se reflejarán en un acceso real y equitativo a la justicia. Estos y datos más detallados sobre el sistema de justicia penal en la CDMX serán presentados el próximo martes 13 de mayo en el informe “Hallazgos desde lo local CDMX, 2023”, elaborado por México Evalúa. En esa ocasión ofreceremos una radiografía precisa de los logros, limitaciones y áreas críticas del sistema.