El mapa económico de la extorsión en México

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Por Armado Vargas La extorsión no cede en México. Su tasa de víctimas ha crecido un 65% desde 2015 y permanece en niveles elevados. Sobre todo, afecta a regiones fundamentales para el empleo, la inversión y el desarrollo económico del país. Comerciantes, productores, transportistas y empresas deben pagar a la delincuencia para continuar trabajando. En consecuencia, los consumidores pagan precios más altos por los bienes y servicios que necesitan. En los casos más graves, las organizaciones criminales imponen las condiciones bajo las cuales se produce, comercia y trabaja. La extorsión suele entenderse como un delito patrimonial, pero sus expresiones y consecuencias son más amplias. Puede ser episódica : una amenaza telefónica para obtener dinero; rentista : el cobro periódico de cuotas a establecimientos; o asociado con el control territorial del crimen : cuando una organización decide quién puede abrir, transportar mercancías o mantener un negocio. Incluso en lugares donde los homicidios disminuyen, la extorsión funciona como mecanismo de dominio sobre el territorio y su población. La magnitud del fenómeno es difícil de conocer. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el INEGI , estima que en 2025 se perpetraron 6,831 extorsiones por cada 100 mil habitantes. De esa cifra, el 97,5% quedó fuera de las investigaciones oficiales. A pesar del subrregistro, las denuncias permiten identificar tendencias territoriales que merecen atención. En México Evalúa analizamos la evolución del delito entre 2015 y 2026. Consideramos los datos acumulados a septiembre en todos los años y agrupamos las 32 entidades en cinco regiones según su continuidad geográfica, actividad productiva, exportaciones e inversión extranjera. Encontramos que la tasa nacional de víctimas de extorsión aumentó 65% desde 2015 y permanece en niveles elevados desde 2022. El Centro, el Bajío–Occidente y el Norte concentran 85% de las víctimas registradas. Estas regiones albergan buena parte de la industria automotriz, la manufactura de exportación, los principales mercados de consumo y las cadenas de suministro vinculadas con Estados Unidos. Su importancia económica hace muy costosa la persistencia de este delito ante la revisión del T-MEC y las oportunidades de inversión vinculadas con la integración económica regional. La seguridad de los corredores productivos forma parte de las condiciones necesarias para aprovecharlas. Los focos de extorsión también tienen una geografía definida. Morelos encabeza la región Centro y todo el país, con 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes. Zacatecas registra la tasa más alta del Norte (19,2); Colima lidera el Bajío–Occidente (16.7), Baja California Sur el Noroeste (15.5) y Tabasco el Golfo y Sur–Sureste (8.9). Todos superan la tasa nacional de 6.4 víctimas y son regiones donde hay presencia de organizaciones criminales consolidadas. La concentración es todavía más evidente a escala municipal. De los 729 municipios que registraron víctimas durante los primeros nueve meses de 2026, apenas 42 acumularon la mitad de los casos. Destacan corredores como el oriente de Morelos , la periferia de Monterrey y el eje Irapuato–Salamanca–Celaya . Esta distribución muestra la importancia de atender el problema más allá de los límites administrativos regionales, considerando las relaciones económicas y territoriales que conectan a los municipios. La Estrategia Nacional contra la Extorsión representa un avance, particularmente por la atención mediante el 089 y las acciones contra las modalidades telefónicas. Sin embargo, necesita ampliar su alcance territorial y atender los sistemas recurrentes de cobro. Desde México Evalúa proponemos actualizar periódicamente las prioridades geográficas, establecer mecanismos seguros de denuncia, fortalecer a las policías municipales e investigar las redes criminales y sus recursos financieros. También es indispensable evaluar los resultados mediante la reducción efectiva de víctimas. La aspiración debe ir más allá de sobrevivir a la violencia y permitir una vida en condiciones de libertad, protección y bienestar. *****Doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa