Entre los hitos de la historia democrática de México casi todos coinciden en que el año 2000, con la victoria electoral del PAN, marcó la ruptura con el viejo régimen del PRI y la añorada transición. Otros se fijan en una fecha un poco anterior, 1997, cuando por vez primera el PRI perdió su aplanadora legislativa en el Congreso. Hoy, que Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, ha ganado la presidencia con más votos que nadie, y que Morena gobierna en la mayoría de los Estados y ha conseguido la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución sin oposición, ha vuelto a nacer la pregunta de si México se encamina a un nuevo régimen de partido hegemónico. De momento, el primer mes de la nueva legislatura será el último de López Obrador, quien está dispuesto a usar la aplanadora parlamentaria para aprobar sus últimas reformas de fondo y apuntalar su legado. Este domingo tomarán posesión los legisladores que resultaron electos en los comicios del 2 de junio, una jornada en la que la oposición quedó reducida a mínimos históricos. Morena, y sus aliados del PT y el PVEM reúnen por sí solos 364 curules en la Cámara baja, el 73% del total. En el Senado, el bloque oficialista ha sumado 85 escaños —gracias a las recientes incorporaciones de dos perredistas—, y está a un voto de conseguir las dos terceras partes de esa Cámara. Con esa cartografía en el Congreso, la aplanadora oficialista ha definido sus prioridades legislativas. Su principal misión es aprobar, tan pronto como la primera semana de septiembre, la peliaguda enmienda constitucional para reformar el Poder Judicial. La dirigencia de Morena ha declarado que se pretende tal celeridad para que López Obrador pueda promulgarla antes de entregar el poder a Sheinbaum, el 1 de octubre. El líder del partido, Mario Delgado, ha dicho que quieren que sea “un regalo” para el mandatario saliente. Es difícil no evocar la época en que las mayorías priistas del Congreso obsequiaban al primer mandatario reformas y presupuestos. La enmienda judicial ha sido polémica no solo por proponer que los jueces sean electos por voto directo en las urnas. Del lado del oficialismo se ha argumentado que ningún poder de la Unión debe sustraerse a la voluntad popular, en la lógica de que, si se vota a un gobernante o representante legislativo, no debe haber impedimento para votar a un juzgador. La reforma, sin embargo, va más allá de simplemente modificar el sistema de designación en la judicatura. Se trata de un cambio fundamental en el equilibrio de poderes del Estado mexicano. Además de la enmienda en materia judicial, el Congreso se alista para aprobar la reforma que desaparece varios órganos reguladores del Gobierno, entre ellos el Instituto de la Transparencia (INAI), que garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información gubernamental, y el Coneval, la instancia que evalúa la eficacia de las políticas públicas para el combate de la pobreza. También está en puerta la enmienda que traspasa el mando de la Guardia Nacional al Ejército, en lo que organizaciones de derechos humanos advierten una militarización de la seguridad ciudadana. Otra reforma de grandes repercusiones es la que amplía la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una disposición que obliga a los jueces a encarcelar a personas acusadas incluso antes de que se demuestre su culpabilidad. “El reto principal de Sheinbaum está primero en garantizar la gobernabilidad y después aspirar a un modelo de gobernanza”, señala el politólogo Javier Rosiles. “En este momento no hay garantía de que todo el país esté controlado por el Estado, hay zonas donde no hay capacidad de gobernarlas en el sentido más estricto de la palabra". “El modelo mexicano que estamos viviendo tiene formas democráticas, pues privilegia las mayorías, pero también tiene rasgos autoritarios”, advierte el académico. | Vía: El País.