Por Leonardo Núñez González Mi generación es muy joven como para que las palabras “sustitución de importaciones” nos recuerden o siquiera nos digan algo relevante. Pero para quienes nacieron antes de la década de los 80, el término debe sonar conocido, pues es una de las explicaciones más importantes de lo que se conoció como “el milagro mexicano”: un periodo de bonanza en el que por más de tres décadas la economía de México creció por arriba del 6% cada año. Pero también ese sistema fue el origen de buena parte de los pactos de corrupción e impunidad en el México del siglo XX que hoy todavía siguen vigentes. Tal vez por eso más de un par de ojos se quedaron perplejos cuando el proyecto de la administración de Claudia Sheinbaum para tratar de aprovechar las ventajas de la posible relocalización de industrias a nuestro país, el famoso nearshoring, se presentó esta semana como una estrategia de sustitución de importaciones denominada Plan México. La trampa de llamarle sustitución de importaciones Hay que ser claros: en términos estrictamente económicos, la estrategia planteada no se parece al proceso de sustitución de importaciones del siglo XX ni es comparable, por lo que sería un error hacer paralelismos sobre sus consecuencias económicas. Si quisiéramos ser precisos en el uso del lenguaje, esto no debería llamarse un modelo de sustitución de importaciones. Mientras que el modelo priista trató de que todo lo que se consumía en México fuera producido de manera autosuficiente en una economía cerrada que no comerciaba con el mundo —una estrategia que otros países latinoamericanos también aplicaron—, el plan actual busca fomentar una mayor industrialización en sectores específicos para tratar que México atraiga inversión nacional y extranjera que ayude a mejorar la competitividad y la integración comercial con Norteamérica. En teoría, el plan del autodenominado “segundo piso de la transformación” suena bien y sus ambiciones económicas hasta pecan de optimistas. A pesar de ello, me parece que no es casualidad que el modelo sea llamado por el propio gobierno como sustitución de importaciones sin ser estrictamente eso. Además de que estoy seguro que más de uno morderá el anzuelo de hacer falsas analogías entre ambos procesos económicos y así quedar expuesto a la descalificación gratuita, en términos políticos vaya que hay objetivos que sí parecen estar siendo tomados como inspiración, pero son menos evidentes. Las dos estrategias comparten el objetivo de aumentar el poder del partido hegemónico y tener una clase empresarial obediente, leal y útil al régimen: ambas implican un matrimonio entre el poder político y el poder económico. No en balde el anuncio del plan se dio en un evento exclusivo con los empresarios más ricos y poderosos de México. Morena no es la restauración de la política priista del siglo pasado, sino el siguiente paso en su evolución, a partir de las lecciones y estructuras que dejó.

Un modelo para premiar y castigar a voluntad Para entender el Plan México es necesario leerlo en conjunto con la implementación del Plan C, con el que Morena se prepara para capturar al Poder Judicial, así como la destrucción de los órganos autónomos de transparencia y competencia económica. La puesta en marcha de estos dos proyectos tiene como resultado un modelo de desarrollo en que el grupo en el poder puede entregar discrecionalmente premios y castigos económicos, asignar los recursos públicos a voluntad y administrar con opacidad las posibles sanciones o las impunidades. Es el escenario perfecto para la corrupción, pero también para el control político. La sustitución de importaciones priista inició en la década de los 40 del siglo pasado. Fue una de las políticas del régimen para industrializar al país y, de paso, crear un sistema de lealtad para la repartición de rentas y riqueza entre empresarios cercanos al gobierno. La lógica era muy sencilla: para crear una industria nacional que pudiera producir lo que antes se importaba desde el extranjero para el consumo local, se establecieron aranceles, subsidios y barreras que protegieron a ciertos sectores y empresarios. Esto fomentó la corrupción al permitir que personas cercanas al poder político obtuvieran contratos, concesiones y beneficios de forma discrecional, sin competencia real ni rendición de cuentas. Esta dinámica llevó a la creación de una gran cantidad de empresas del Estado, así como empresas privadas, que producían en México bienes que no tenían que competir con los productos extranjeros gracias a la protección del gobierno. Estas empresas podían producir con pésima calidad y sin preocuparse mucho por ser rentables, pues además del apoyo económico del gobierno, podían vender a precios inflados que los mexicanos no tenían otra alternativa más que pagar. Los beneficiarios de este sistema eran útiles y leales al régimen, al mismo tiempo que se aprovechaban de él. Por eso, en este periodo se crearon grandes fortunas asociadas con el poder político. Ahí se perfeccionó la figura del político-empresario que podía actuar con total impunidad, como fue el caso del profesor Carlos Hank González que ocupó todos los puestos posibles del gobierno, menos la Presidencia, y que se enriqueció con contratos de obra pública por todo el país (como la construcción de los ejes viales en la Ciudad de México). Es famosa una frase suya que parece tener hoy la misma vigencia que tenía en aquel entonces: “entre más obra, más sobra”. También en este periodo se crearon dinastías que unieron a la clase empresarial con la cúpula política y permitieron el enriquecimiento mutuo, así como la impunidad garantizada desde el poder. Cuando el sistema económico colapsó durante los años 80 (por razones que superan los objetivos y extensión de este texto), las empresas estatales que habían quebrado fueron vendidas a la misma élite, dando paso a la creación de una parte importante de la clase empresarial que hoy tiene una considerable influencia en la economía nacional. A pesar de que el expresidente López Obrador insistía en presumir que su movimiento había logrado la separación del poder económico y del poder político, en la realidad su Consejo Asesor Empresarial incluía a muchos de los beneficiarios de ese modelo, como Carlos Slim o Carlos Hank. Un grupo importante de esas mismas fortunas se dio cita en el Museo de Antropología el pasado 13 de enero para escuchar la propuesta del Plan México. Con la oposición política derrotada, pulverizada y anulada (en gran medida por su propia incompetencia), las instituciones autónomas responsables de regular sobre los mercados (Cofece e IFT) aniquiladas, el instituto que podía obligar a transparentar información del gobierno solicitada por los ciudadanos (INAI) desmontado y sumado con el advenimiento del control del Poder Judicial, el gobierno lanzó la invitación a los empresarios para dejar de simular el divorcio. El plan no solo se limitó a esta administración, sino que asumiéndose permanentes en el poder, Claudia Sheinbaum anunció que se trataba de “una visión de largo plazo para nuestro país, más allá, incluso, de nuestro sexenio”. Leyéndolo en clave política y no económica, las similitudes con el pasado aparecen de inmediato. El objetivo número 6 del Plan México, por ejemplo, promete que 50% de las compras gubernamentales serán de producción nacional y que serán una “herramienta de desarrollo”. Un bonito eufemismo para decir que el gobierno va a utilizar los contratos públicos para beneficiar a los empresarios que se porten bien y se sumen al modelo. Si consideramos que durante todo el sexenio de López Obrador 8 de cada 10 contratos públicos se entregaron por adjudicación directa, al igual que en las administraciones del pasado, la discrecionalidad como método de asignación de recursos es una carta abierta para entregarlos a quien el gobierno quiera premiar. Ese premio usualmente viene aparejado con un control velado en favor del gobierno para seguir recibiendo recursos públicos, como lo expresó el expresidente López Portillo en su famosa frase: “no pago para que me peguen”. Basta ver que las tres compañías que han recibido más recursos del gobierno por publicidad son Televisa, Tv Azteca y La Jornada o que la nueva campaña del gobierno contra las drogas entregará 300 millones de pesos a “influenciadores para amplificar el mensaje”, una versión moderna y digital del clásico chayote. No es poca cosa el proceso de creación de 100 nuevos parques industriales en todo el país, que propone el Plan México, en donde el gobierno decidirá quién y cómo podrá beneficiarse de este ambicioso proyecto para crear corredores económicos alrededor de sus propias obras de infraestructura. En proyectos similares, el equipo de periodismo de MCCI ya ha identificado cómo algunos vivales con acceso a información privilegiada compran terrenos baratos antes de que llegue la obra para después revenderlos caro y enriquecerse. En el caso del Tren Maya también se ha visto una dinámica similar: la familia de Manuel Bartlett (director de la CFE con Andrés Manuel López Obrador y secretario de educación pública con Carlos Salinas de Gortari) adquirió a precio de ganga hasta 164 hectáreas de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum antes de que el Ejército llegara con sus obras de infraestructura; hoy esas propiedades valen una fortuna. Para muchos analistas económicos, la pata floja del Plan México es que la incertidumbre jurídica que se avecina con el Poder Judicial, sumada con la crisis de violencia y la tormenta que vendrá con el gobierno de Donald Trump, harán que los ambiciosos planes del gobierno no den los frutos que esperan. Lo que dejan de lado es que, suceda lo que suceda, los recursos del gobierno (que en última instancia son nuestros) y los beneficios de la relocalización, sean de las dimensiones que sean, serán entregados a quienes decidan formarse en la nueva fila para empresarios que Morena está ofreciendo. El modelo busca incrementar la captura o neutralización de cualquier grupo, organización o persona que pueda resultarles incómodo u oponerse. Y si alguien no quiere agarrar la zanahoria, ahí estará el palo listo para ser usado, siempre con estricto apego a Derecho. ***Analista político, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.