Por Valeria Moy Directora general El triunfo demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos provocó algunos suspiros de alivio de este lado de la frontera. En materia comercial, al menos, convendría ajustar las expectativas. La Casa Blanca pesa más que el Capitolio. En teoría, la Constitución estadounidense le otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles a las importaciones. Así lo recordó la Suprema Corte en febrero, cuando resolvió que la Ley de Poderes de Emergencia Económica –IEEPA por sus siglas en inglés– no autoriza al presidente fijar los aranceles por ese motivo. Pero durante décadas el propio Congreso le ha delegado al Ejecutivo herramientas muy amplias para hacerlo por otras vías. Tras el fallo de febrero, la Casa Blanca encontró otros caminos. Primero, aranceles globales temporales, después nuevos aranceles bajo la Sección 301 y frente algunos productos canadienses usaron la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 que permite al presidente imponer aranceles de hasta 50% cuando considere que otro país discrimina el comercio estadounidense. La herramienta que más le importa a México es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Bajo esta sección, se permite al presidente imponer aranceles cuando el Departamento de Comercio concluye que ciertas importaciones amenazan la seguridad nacional. La idea que sustentaba esa sección era liberalizar el comercio, de hecho parte de la Ley de Expansión Comercial. Era la apuesta de Estados Unidos por un comercio más abierto en plena Guerra Fría. La Sección 232 pretendía que la apertura no debilitara la base industrial necesaria para la defensa. Se había utilizado poco, en las crisis petroleras básicamente, pero el presidente Trump ha ampliado la noción de seguridad nacional a autos, cobre, madera, semiconductores y más. No requiere votos del Congreso y opera al margen del TMEC. La gran mayoría de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entran bajo el marco del TMEC, alrededor de 85%. Pero algunas de las más relevantes están sujetas a los aranceles de la Sección 232. El acero y el aluminio pagan 50%, los automóviles y camiones pesados, 25%. México lleva meses negociando una reducción precisamente a esos aranceles, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick se opone rotundamente. La suerte de nuestras exportaciones más importantes depende de un miembro del gabinete. Con el TMEC pasa algo similar. Lo negocia la Oficina del Representante Comercial, que depende del presidente. Fue el Ejecutivo quien decidió en julio no extender el tratado por otros 16 años y abrir un ciclo de revisiones anuales. Un congreso demócrata puede convocar audiencias, exigir información y presionar públicamente. Puede incluso aprobar leyes que limiten las facultades arancelarias del Ejecutivo, pero cualquier ley así enfrentaría un veto presidencial. Revertir ese veto requeriría dos terceras partes de ambas cámaras, una mayoría que no tienen los demócratas. La elección no es irrelevante. Un Congreso opositor eleva el costo político, pero la trayectoria comercial seguirá dependiendo en lo esencial del Ejecutivo. México no debe apostar a que el Capitolio resuelva lo que tenemos que resolver nosotros. Nuestro margen de negociación vendrá de la certidumbre que podamos ofrecer en casa.