El quid del asunto electoral

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La crisis del INE ha propiciado el llamado a una nueva marcha en favor de la democracia para el próximo 6 de diciembre. Lo que mueve a las organizaciones sociales y a algunos partidos es muy similar a lo que provocó la serie de manifestaciones ocurridas entre 2024 y 2025, conocidas como la Marea Rosa. Inicialmente las demandas fueron en torno a votaciones limpias, garantías de imparcialidad y respeto a las instituciones democráticas, particularmente el INE. Esto frente a los intentos reiterados de López Obrador por lograr reformas electorales regresivas y que intentaban disminuir la representación de las minorías. La primera marcha incluía protestas por la captura del INE, la disminución de recursos al órgano electoral, el uso de dinero público para las elecciones y la censura a la prensa entre otros. Posteriormente se convocaron otras marchas en contra de la reforma que permitió la elección popular de jueces y magistrados, así como del proceso electoral mismo para asegurar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son muchas las demandas que tendríamos que hacer al partido casi único en materia electoral a sabiendas de que, aún cambiando la ley, no hay voluntad de regirse a partir de ella. En todo caso, lo mínimo sería: Nombrar como Consejera Presidenta del INE a una mujer con credenciales profesionales electorales, ajena a una historia de corrupción y que sea producto de un consenso entre las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados. Descolonizar a las autoridades electorales -INE y TEPJF- de personas afines a Morena y que trabajan de manera incansable y descarada para el partido en el poder. Regresar la colegialidad que desde sus inicios rigió al Consejo General del INE y que Morena destruyó al darle facultades a su presidenta para nombrar unilateralmente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Despartidizar al Órgano Interno de Control del INE que es nombrado por la mayoría morenista de la Cámara de Diputados. Exigir una adecuada fiscalización para revelar y detener el dinero en exceso e ilegal en los procesos electorales, incluidos los actos adelantados de campaña. Acompañada desde luego de las sanciones correspondientes. Frenar la intervención del poder ejecutivo federal y de los ejecutivos estatales en las campañas electorales. Todas estas demandas son de la mayor importancia pero si tuviéramos que elegir una sola, sería la batalla por cambiar el criterio de sobre-representación que alevosa e ilegalmente utilizaron el INE primero y el TEPJF después. Sin ese criterio, la coalición gobernante no habría tenido más de dos tercios de la Cámara y no hubiese podido cambiar la Constitución a modo. Contraviniendo la Constitución que valida un máximo de 8% de sobre-representación, estos organismos decidieron otorgarle a Morena y sus aliados 19% más de los diputados ganados en las urnas (con el 54% de la votación les dieron el 73% de la Cámara) y, quitarle al resto de los partidos 15% de los diputados que les correspondían (tuvieron una votación de 42% y se quedaron con 27% de los diputados). Decidieron otorgarle a Morena y sus aliados 19% más de los diputados ganados en las urnas No hay otro motivo para la adopción de un nuevo criterio de asignación que la orden del ejecutivo y la sumisión de los organismos electorales. Hay diversas soluciones para que esto no vuelva a suceder y sentencias a las que se puede recurrir pero la fórmula más sencilla está en tratar desde un inicio a las coaliciones como si fueran un solo partido al tiempo de garantizar la “militancia real” de los candidatos que se registren como plurinominales. No sería algo inédito. Este criterio se utilizó en 2000 y en 2003 sin que nadie protestara. Lo que no se vale es tratar a las coaliciones a conveniencia. En un caso como si fueran un solo partido y en otro -para el reparto de los plurinominales- como tres partidos distintos. En un caso como si fueran un solo partido y en otro como tres partidos distintos. Volver a la norma constitucional de que la máxima sobre-representación puede ser del 8% estaría acorde con el principio de los sistemas de representación proporcional o mixtos diseñados precisamente para corregir la disparidad que puede mediar entre el porcentaje de votos con el porcentaje de representación en la Cámara de Diputados y, proteger a las minorías. La semana que viene haré otra propuesta para evitar el avasallamiento de una sola fuerza política o coalición para acabar con un proyecto tan autoritario como el que Morena está construyendo.