Por Pedro Urso La persistencia del subdesarrollo en América Latina no puede explicarse por completo únicamente por factores externos, legados coloniales o ciclos desfavorables de la economía internacional. Si bien estos elementos han desempeñado un papel importante a lo largo de la historia, resulta cada vez más evidente que los principales obstáculos para el desarrollo sostenible de la región residen en la fragilidad, la captura y la disfuncionalidad de sus instituciones. Si los países de la región pretenden romper con su historial de bajo crecimiento, desigualdad e inestabilidad, el primer paso consiste en corregir sus instituciones políticas, jurídicas y económicas. La literatura de la economía institucional, impulsada por autores como Douglass North y, más recientemente, por los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson, demuestra que el crecimiento económico de largo plazo depende fundamentalmente de la existencia de instituciones inclusivas. Estas son instituciones capaces de garantizar los derechos de propiedad, limitar el ejercicio arbitrario del poder, asegurar la previsibilidad normativa y promover la competencia. En contraste, las instituciones extractivas concentran el poder, distribuyen privilegios a grupos específicos y organizan la economía en torno a la búsqueda de rentas en lugar de la creación de valor. Lamentablemente, este segundo modelo sigue predominando en gran parte de América Latina. Venezuela representa el ejemplo más extremo y trágico. La construcción de un régimen autoritario, marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la supresión de las libertades civiles y la ausencia de alternancia en el poder, transformó al Estado venezolano en una estructura abiertamente extractiva. Uno de los ejemplos más significativos de la subversión de una cadena productiva en una estructura institucional extractiva fue la estatización de la principal empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, en 2006. Esto destruyó la autonomía técnica y la integración internacional de la empresa y, al mismo tiempo, la convirtió en un instrumento político del régimen, sustituyendo criterios técnicos por lealtad ideológica, utilizando la renta petrolera para el financiamiento clientelar y transfiriendo directamente recursos a redes de poder asociadas al gobierno. El resultado de la crisis institucional fue una crisis productiva: desde 2008 la empresa ha venido reduciendo su producción, que siempre había sido el principal activo de la economía venezolana. El aislamiento internacional y los embargos financieros contra el régimen, consecuencia directa de su ruptura flagrante con los estándares democráticos mínimos, evidenciada en el fraude electoral de 2024, ahuyentaron las inversiones, redujeron financieramente la capacidad productiva del país y empujaron a la economía hacia una suerte de corporativismo y esquemas de favoritismo político. En este entorno, solo los grupos alineados con la dictadura logran prosperar, mientras la población enfrenta empobrecimiento generalizado, éxodo masivo y colapso institucional. La experiencia venezolana ilustra de manera inequívoca cómo la destrucción de las instituciones precedió y profundizó la destrucción económica. En Colombia, la fragilidad institucional se manifiesta menos a través de rupturas formales y más mediante la persistencia de estructuras paralelas de poder que desafían la autoridad del Estado. El legado del conflicto armado, las acciones históricas de las FARC —guerrillas de izquierda formadas originalmente durante la Guerra Fría— y el desmantelamiento incompleto de grupos ilegales han dado lugar a un país en el que el crimen organizado sigue ejerciendo control efectivo sobre regiones enteras, imponiendo sus propias reglas junto a las del Estado. El Clan del Golfo simboliza esta captura territorial y pone de relieve la incapacidad institucional para garantizar seguridad, derechos de propiedad y libertad económica. En lugar de enfrentar este problema estructural, el gobierno ha priorizado una agenda de populismo político, relativizando el papel de las instituciones formales y la aplicación de la ley. Esto se refleja en medidas como la reforma pensional de 2024, que incluyó una reducción del período de cotización —una contracorriente global— y aumentos abruptos del salario mínimo, que creció casi una cuarta parte en 2025. Aunque presentadas como políticas sociales, estas decisiones incrementan la informalidad, deterioran la sostenibilidad fiscal y ahuyentan inversiones, reforzando el ciclo de populismo y fragilidad institucionalizada. El caso brasileño revela un panorama más complejo y ambiguo. Brasil mantiene elecciones competitivas, una prensa libre y un entramado de instituciones formales en funcionamiento. El Poder Judicial, en particular, ha desempeñado un papel relevante en la contención de ataques al orden constitucional y en la protección frente a intentos recientes de ruptura democrática. Este protagonismo fue esencial para la preservación del régimen democrático. Sin embargo, a partir de este rol legítimo se observa un movimiento preocupante de expansión continua de atribuciones, con una interferencia creciente en materias propias de los otros poderes del Estado. El país sufre severamente una judicialización excesiva de la política; la inseguridad regulatoria y la acumulación de prerrogativas y privilegios han convertido al Poder Judicial brasileño en el más costoso del mundo en proporción al presupuesto público, sin que ello se traduzca necesariamente en mayor eficiencia o previsibilidad. Esto evidencia el cuello de botella estructural y el carácter extractivo de la institución, y también plantea el riesgo de sustituir un problema institucional por otro: la defensa de la democracia no puede servir de pretexto para la erosión de los límites institucionales y la acumulación de privilegios. Argentina, por su parte, ofrece un caso interesante de transición, aunque aún incompleta. Tras décadas marcadas por el populismo económico, la inflación crónica y la inestabilidad institucional, el país parece estar iniciando un movimiento todavía incipiente y políticamente costoso para confrontar estructuras claramente extractivas. Las reformas orientadas a la disciplina fiscal, la racionalización del Estado y la reducción de distorsiones económicas indican una lucha por la reconstrucción institucional. No obstante, persisten obstáculos significativos, entre ellos el papel históricamente dominante de los sindicatos. Argentina se encuentra entre los países más sindicalizados del mundo, con organizaciones gremiales que ejercen una influencia económica y política desproporcionada, y que a menudo operan bajo una lógica de bloqueo, coerción y exclusión de ingresos. En lugar de actuar como mediadores legítimos de las relaciones laborales, estos sindicatos funcionan con frecuencia como estructuras de extorsión, obstaculizando la inversión, la innovación y la creación de empleo formal. Queda por verse si Argentina logrará reformar sus instituciones de manera permanente, pero parece claro que superar este modelo será crucial para el éxito de la experiencia argentina. Estos ejemplos nacionales, pese a sus diferencias, convergen en una misma conclusión: América Latina padece menos por la falta de recursos y más por el exceso de instituciones extractivas. Estados capturados por corporaciones, élites políticas corporativistas, sindicatos o grupos armados no logran proporcionar la seguridad jurídica y la previsibilidad necesarias para el desarrollo. El resultado es un patrón recurrente de crecimiento interrumpido, dependencia de materias primas y vulnerabilidad frente a choques externos. Superar esta situación requiere algo más que reformas económicas puntuales. Exige un compromiso regional con la protección institucional, basado en límites claros al poder, respeto a las reglas democráticas y fortalecimiento del Estado de derecho. Las instituciones deben ser instrumentos de cooperación social, no arenas permanentes de conflicto ni mecanismos de distribución de privilegios. Sin esta transformación, cualquier estrategia de desarrollo estará condenada a producir únicamente resultados temporales. La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado romper el ciclo del subdesarrollo lo han hecho, sobre todo, mediante la consolidación de instituciones inclusivas. Para América Latina, esta lección es particularmente urgente. El crecimiento económico no precede a las instituciones, sino que depende de ellas. Mientras la región no enfrente este desafío de manera directa y honesta, seguirá atrapada en un pasado que insiste en repetirse. ***Pedro Henrique Engler Urso es licenciado en Comercio Exterior, estudiante de Derecho en la Universidad Presbiteriana Mackenzie y posee un posgrado en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Coímbra.