En toda elección federal realizada hasta la fecha, cada ciudadano residente en el territorio nacional recibió idéntico número de boletas y sufragó por el mismo número de cargos. Así se garantiza el principio elemental e irrenunciable en democracia de la igualdad del voto de toda persona. Pero en la elección judicial del próximo mes de junio, ese principio se ha trastocado y abandonado. Mientras que en las elecciones federales de cada tres años todo mundo votaba por la diputación de mayoría relativa de su distrito —con lo que también se sufragaba por las diputaciones plurinominales—, y cada seis años se cruza una boleta presidencial y otra del Senado —donde al elegir a la fórmula de dos senadores de la entidad y se vota a la vez por la lista nacional—, el próximo primero de junio no habrá un mismo número de boletas y habrá quien elija a más cargos del Poder Judicial que otros. Se acabó la igualdad del voto ciudadano. Piénsese en que se van a elegir 881 cargos judiciales. De ellos, solo 31 serán electos de forma igual en el territorio nacional: todo mundo votará por los nueve integrantes de la Corte, por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por los tres de cada una de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral (quince en total) y por los cinco del Tribunal de Disciplina Judicial. Hasta ahí, cuatro boletas por ciudadano. Pero lo atípico, la desigualdad del voto, empieza con la elección de 464 magistraturas y con los 386 jueces federales de distrito. Por ejemplo, si el ciudadano vive en Chiapas, elegirá 19 de esos cargos, mismo número que en el Edomex; más si vive en la Ciudad de México, votará por 16 o 14 según su distrito; si radica en Durango votará por solo ocho de esos cargos, pero si reside en Colima o Baja California Sur, nada más por seis. Así que, dependiendo de dónde se viva, se podrá elegir a más o a menos juzgadores, aunque todos sean del mismo Poder Judicial federal. La sinrazón continúa cuando se ve que hay juzgados y tribunales con competencia para todo el territorio nacional, pero que solo podrán ser votados por una pequeña fracción de ciudadanos. Un caso extremo: la Ciudad de México es la única entidad donde se va a votar por los tres juzgados en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Todos los asuntos en la materia que se presenten pasarán por esos tres jueces, pero cada uno será electo en un solo distrito de la capital (donde el INE determinó 11 distritos cuando existen, siguiendo el censo y las reglas constitucionales, 22 distritos electorales). Lo mismo pasa con los magistrados de apelación en competencia económica: se votarán en apenas tres distritos de la Ciudad de México, aunque sus resoluciones afectarán a ciudadanos y empresas del país entero. En tres distritos de la capital residen poco más de dos millones de electores, cuando el padrón electoral nacional ya rebasó los 101 millones de ciudadanos. Se atenta contra el derecho al voto pasivo: los candidatos a jueces y magistrados de competencia económica solo podrán ser votados por el 2 por ciento del padrón. Pero el daño mayor es contra el voto activo: 98 por ciento de los ciudadanos no podrán votar por esas figuras. En la elección judicial se llega a excluir a la enorme mayoría de los electores del derecho al voto para cargos federales, ¿es esa la ‘representación democrática’ que pregonó el régimen? Otro ejemplo son los magistrados de la materia del trabajo. En la Ciudad de México se votará por 24; en el Estado de México —aunque tiene más población que la capital— se elegirán seis de esos magistrados, mismo número que en Tabasco con un electorado seis veces menor que el Edomex. Los habitantes de Zacatecas no elegirán a ningún magistrado del trabajo, como si la materia laboral no aplicara ahí. Las desproporciones e incongruencias se multiplican. Si quiere usted saber qué cargos podrá votar y cuáles no, aunque le atañan, vea el acuerdo del marco geográfico electoral del INE para la elección judicial. Al dislate conceptual de confundir a juzgadores con representantes populares, al atropello político de la sobrerrepresentación para sacar adelante la reforma y acabar con la independencia judicial y la división de poderes, se suma el absurdo de suprimir la igualdad del voto. La elección judicial revela lo que fue desde el principio: una grotesca farsa autoritaria.