Por Sherlyn Muñoz Investigadora de Sociedad Todas las personas dentro del mercado laboral han brindado o necesitado cuidados en algún momento de su vida. Sin embargo, cuando un hombre o una mujer deciden formar una familia y se encuentran trabajando, las reglas del juego son distintas para cada uno. Un padre tiene derecho a cinco días de permiso tras el nacimiento de su hijo o hija, mientras que la madre cuenta con una licencia de 12 semanas en total. Institucionalmente estamos reforzando las responsabilidades de cuidado, lo cual tiene un costo para las mujeres en su trayectoria laboral. Según estimaciones del Child Penalty Atlas, la mitad de la brecha de empleo entre hombres y mujeres en el país, se explica por la maternidad. Otra diferencia entre la licencia de maternidad y el permiso de paternidad, y quizás la más relevante, es su esquema de financiamiento. El subsidio de maternidad se paga con el fondo de Enfermedades y Maternidad del IMSS, financiado de forma tripartita con aportaciones de empleadores, trabajadores y gobierno. Cabe mencionar que dichas aportaciones se pagan independientemente del sexo del trabajador, de forma que los hombres también aportan recursos a este fondo. El permiso de paternidad, en cambio, corre completamente a cargo del empleador, convirtiéndo este derecho en un costo para las empresas. En México, los empleadores formales ya pagan entre 25% y 35% adicional sobre el salario de cada trabajador por carga social, a eso se suma su responsabilidad de asumir completamente el pago del permiso de paternidad. Las empresas pueden evadir el pago del permiso a través de prácticas como pedir a los trabajadores que pidan sus días a cuenta de vacaciones o simplemente ignoran el derecho. La asimetría en el financiamiento no es un detalle técnico, determina si el permiso existe en la ley o también en la práctica. El IMCO estimó el costo de financiar los permisos de paternidad a través de un esquema tripartita, tal como las licencias de maternidad, donde el costo se distribuye entre empleadores (70%), trabajadores (25%) y el gobierno federal (5%). Considerando a 509 mil padres con empleo formal que podrían ejercer este derecho al año, el costo total ascendería a 1,659 millones de pesos anuales manteniendo los cinco días actuales, equivalente a 0.01% del PIB. Los permisos de paternidad están al alcance de pocas familias. Al ser un derecho reservado únicamente para los trabajadores formales, quedan fuera tres de cada cinco hombres ocupados. Y lo que pasa dentro del sector que sí tiene acceso, en gran medida, es un misterio. Actualmente no existe información confiable y precisa sobre cuántos hombres son padres en el país. La Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada trimestralmente por el INEGI, no le pregunta a los hombres si tienen hijos, lo que dificulta conocer el número de trabajadores formales que tienen hijos y que podrían acceder a este derecho. Por su parte, el IMSS no lleva registro de los permisos de paternidad otorgados a nivel nacional, al no ser una prestación que recae en la seguridad social. Las implicaciones son claras, no se puede diseñar una política pública óptima sobre un fenómeno que no se mide. El diseño actual no es suficiente para redistribuir los cuidados. Al mantener un permiso corto, pagado directamente por el empleador y sin información pública sobre su uso efectivo, se refuerza una distribución desigual de los cuidados. México necesita avanzar hacia permisos más amplios, financiados de manera sostenible y con reglas claras que permitan a los padres ausentarse sin comprometer su ingreso. La pregunta no es cuánto le cuesta a México ampliar este derecho, sino cuánto le cuesta al país mantener un modelo que distribuye inequitativamente los cuidados y desincentiva la contratación de mujeres.