Por David Attlee (Cointelegraph) La semana pasada, otro gran terremoto sacudió los criptomercados. Silvergate Bank -una red de puertas de enlace de criptomonedas para instituciones financieras y una importante rampa de entrada para las criptomonedas en Estados Unidos- cerró sus operaciones por problemas de liquidez. Un par de días después, otra institución asegurada por la Federal Deposit Insurance Corporation, Silicon Valley Bank (SVB), fue cerrada por el organismo de control financiero de California. El banco prestaba servicios financieros a varias empresas de capital riesgo centradas en las criptomonedas, entre ellas Andreessen Horowitz y Sequoia Capital, y el emisor de USD Coin (USDC) Circle tenía alrededor del 20% de sus reservas en el banco. Tras conocerse la noticia, USDC se desplomó y perdió más del 10% de su valor en 24 horas. Algunos legisladores, bien conocidos por su hostilidad hacia las criptomonedas, atacaron rápidamente al sector. La senadora Elizabeth Warren calificó el fracaso de Silvergate de "decepcionante, pero predecible", pidiendo a los reguladores que "den un paso adelante contra el cripto riesgo". El senador Sherrod Brown compartió su preocupación de que los bancos involucrados con cripto estaban poniendo el sistema financiero en riesgo y reafirmó su deseo de "establecer fuertes salvaguardias para nuestro sistema financiero de los riesgos cripto". Sin embargo, el comentario más importante se produjo el domingo, cuando la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reveló que las autoridades no estaban considerando un rescate importante del Silicon Valley Bank. Según Yellen, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos está considerando "una amplia gama de opciones disponibles", incluidas las adquisiciones de bancos extranjeros. El presupuesto de Biden propone un impuesto del 30% sobre el uso de electricidad en la minería de criptomonedas Los mineros de criptomonedas en EE.UU. podrían estar sujetos a un impuesto del 30% sobre los costes de electricidad en virtud de una propuesta presupuestaria del presidente de EE.UU., Joe Biden, para "reducir la actividad minera". Según un documento explicativo del presupuesto suplementario del Departamento del Tesoro, cualquier empresa que utilice recursos -propios o alquilados- estaría sujeta a un impuesto especial equivalente al 30% de los costes de electricidad utilizados en la minería de activos digitales. El impuesto se aplicaría después del 31 de diciembre y se introduciría progresivamente a lo largo de tres años, a un ritmo del 10% anual, hasta alcanzar el tipo máximo del 30% el tercer año.