Estamos en una fase crítica en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, USMCA), evidenciando que las diferencias estructurales entre los países miembros trascienden aspectos comerciales y responden a objetivos de política industrial, seguridad económica y competencia geopolítica. Desde una perspectiva académica, la exigencia estadounidense de que los vehículos incorporen un 50% de contenido exclusivamente producido en Estados Unidos representa un cambio significativo respecto al principio original del tratado, que privilegiaba la integración regional mediante un requisito de 75% de contenido norteamericano, sin imponer cuotas nacionales específicas. Esta modificación alteraría la lógica económica del T-MEC / USMCA, pasando de un modelo de especialización regional basado en ventajas comparativas a uno de relocalización industrial orientado por objetivos políticos. En consecuencia, la negociación deja de centrarse únicamente en la liberalización comercial para convertirse en un instrumento de política económica destinado a fortalecer la manufactura estadounidense y reducir la dependencia de proveedores asiáticos, especialmente de China. Desde el punto de vista económico, la propuesta de Washington tendría importantes repercusiones sobre las cadenas regionales de valor, particularmente en la industria automotriz, uno de los sectores más integrados de América del Norte. Durante las últimas tres décadas, las empresas han distribuido sus procesos productivos entre los tres países para minimizar costos y maximizar eficiencia, aprovechando las ventajas competitivas de cada economía. La imposición de un contenido nacional obligatorio modificaría esa estructura, incrementando los costos de producción y reduciendo la flexibilidad de las empresas para seleccionar proveedores eficientes. México rechaza esta propuesta porque considera que aceptar incluso un porcentaje mínimo de contenido estadounidense establecería un precedente que permitiría futuras exigencias crecientes, debilitando su capacidad de negociación. Además, mientras continúen vigentes los aranceles estadounidenses del 25% a los automóviles y del 50% al acero y aluminio bajo la Sección 232, la competitividad de las exportaciones mexicanas permanecerá afectada frente a competidores de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que enfrentan menores barreras arancelarias. Otro aspecto relevante es la creciente vinculación entre comercio internacional y seguridad económica. Tanto Estados Unidos como México reconocen la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro regionales y sustituir importaciones provenientes de Asia, lo que refleja una tendencia global hacia la regionalización productiva y el denominado Nearshoring. Sin embargo, los objetivos de ambos países difieren en cuanto a los mecanismos para alcanzar esa meta. Estados Unidos busca atraer una mayor proporción de la producción manufacturera hacia su territorio, mientras que México pretende consolidarse como el principal destino de las inversiones que buscan reubicar operaciones cerca del mercado estadounidense. Esta diferencia explica por qué las negociaciones también incluyen temas laborales, agrícolas, pagos electrónicos y metales estratégicos, todos ellos considerados componentes de una estrategia integral de competitividad regional. Asimismo, la exclusión temporal de Canadá en estas rondas bilaterales introduce un elemento de incertidumbre institucional, dado que el T-MEC / USMCA fue concebido como un acuerdo trilateral y cualquier modificación sustancial requerirá eventualmente el consenso de los tres socios. Finalmente, desde una perspectiva prospectiva, la decisión del gobierno estadounidense de no extender automáticamente el T-MEC / USMCA e iniciar el proceso de revisión previsto por el tratado incrementa la incertidumbre para empresas e inversionistas. La posibilidad de alcanzar acuerdos parciales durante 2026 y posponer los temas más complejos, como las reglas de origen automotrices, los estándares laborales y ambientales, para 2027 sugiere una estrategia de negociación gradual orientada a evitar una ruptura del acuerdo. No obstante, la prolongación de las negociaciones puede retrasar decisiones de inversión y afectar el dinamismo económico de la región, especialmente en sectores intensivos en capital. A pesar de estas tensiones, las declaraciones de los negociadores y de expertos indican que aún existe voluntad política para preservar el tratado y adaptar sus disposiciones a las nuevas condiciones económicas internacionales. En términos académicos, este proceso constituye un ejemplo de cómo los acuerdos comerciales evolucionan desde instrumentos de liberalización hacia mecanismos de política industrial, resiliencia de cadenas de suministro y competencia estratégica entre bloques económicos. ****Profesor Investigador en Economía Internacional en El Colef. Distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido también profesor en la Universidad Iberoamericana, CISE, “fellow” y “guest scholar” en UCSD y profesor visitante en UC Irvine.