Por Susana Camacho y Valeria Campuzano Programa de Justicia México ocupó el lugar 135 de 163 países en el Índice de Paz Global en 2025. Esta posición nos coloca cerca de naciones con conflictos armados como Líbano (136), Venezuela (139), Haití (141) y Palestina (145). Más allá de la comparación en el ámbito internacional, es urgente reconocer que en México la inseguridad y la impunidad son parte de la vida cotidiana. Asesinatos de actores políticos, extorsiones telefónicas, cobro de piso, asaltos en carreteras, desapariciones de personas y casos de corrupción son delitos que quedan sin explicación, ni sanción. No sorprende que exista un descontento social creciente, pues los mexicanos queremos vivir en un país tranquilo, donde la violencia no sea parte de nuestras conversaciones diarias. Sin embargo, aunque la seguridad es el tema que más atención ha recibido —porque es muy fácil notar su ausencia—, la justicia es la pieza faltante del rompecabezas de la pacificación. Desafortunadamente, México no puede aspirar a la paz si las instituciones de justicia no cuentan con presupuestos suficientes, si están saturadas de casos y, en consecuencia, su pobre desempeño y pocos resultados generan desconfianza en la ciudadanía. Bajo presupuesto y saturación de casos El reporte con el que México Evalúa da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en el país —y que está próximo a publicarse—, confirma esta realidad: los presupuestos destinados a las instituciones de justicia seguían siendo insuficientes en 2024. Ese año, el porcentaje promedio del presupuesto de los estados destinado a sus poderes judiciales fue de 1.66%, mientras que a sus fiscalías se les asignó, en promedio, el 1.72%. Se trata de las dos principales instituciones de justicia penal. Su misión es proteger a las víctimas, investigar y perseguir los delitos, y juzgar a las personas probablemente responsables. Su débil dotación de recursos nos habla de la mínima relevancia que se da al sector justicia en México. Los datos nos revelan que para los gobiernos y congresos estatales no está entre sus prioridades cumplir con las funciones que implica la justicia. Por otra parte, el sistema de justicia es el mecanismo por el que se responsabiliza a quiénes cometen delitos. Si el Estado no satisface esa obligación, la impunidad se convierte en un problema estructural, tal como ya ocurre. En México, la mayoría de los delitos no se investigan y, entre los pocos que sí, son todavía menos los que tienen alguna conclusión efectiva. El desempeño en la resolución de casos está relacionado con las cargas de trabajo con la que operan los fiscales. Por ejemplo, en 2024 hubo cerca de 4 millones de carpetas de investigación activas en todo el país, que tuvieron que gestionar un poco más de 16 mil fiscales y/o agentes de las fiscalías estatales. En promedio, cada agente gestionó 239 casos. ¿Es posible que una persona dé el seguimiento correcto a esa cantidad de casos? La respuesta es que es imposible. Ello queda demostrado con los 2.3 millones de carpetas que quedaron pendientes (sin resolver) para 2025. Los datos son contundentes: el sistema de justicia en México no puede funcionar adecuadamente bajo estas condiciones. Mecanismos alternativos para eficientar la justicia A pesar de este panorama, no todo está perdido. En el reporte encontramos que una de las soluciones más efectivas es la aplicación de mecanismos alternativos de justicia, que pueden definirse como acuerdos entre las personas involucradas en un conflicto penal. Estos mecanismos no implican prisión y sí compromisos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, delitos que pueden resolverse mediante acuerdos son el robo sin violencia, las lesiones y las amenazas. Entidades como Yucatán o Chiapas, con indicadores de impunidad de 19.69% y 22.68% respectivamente, han mostrado que la aplicación efectiva de la justicia alternativa ayuda a despresurizar el sistema, principalmente en las fiscalías. De esta manera, policías y agentes pueden concentrarse en delitos de alto impacto. Si bien son estados que no sobresalen por sus niveles de violencia, sí ejemplifican cómo la justicia alternativa puede eficientar el sistema. La justicia alternativa es refrescante porque nos recuerda que no siempre la criminalidad se resuelve con cárcel o penas más duras. De hecho, los datos sugieren que castigar más no ha disminuido la inseguridad. Durante la última década, el número de personas en prisión ha aumentado de forma constante, pero la incidencia delictiva también. Debemos enfatizar que el sistema de justicia debe centrarse menos en aumentar la población en prisión y más en reparar el daño a las víctimas, además de procurar que el victimario se reinserte en la sociedad. Esa es la vía que reduce los niveles de violencia y contribuye a la construcción de paz. Estos y otros datos, que México Evalúa presentará próximamente en su nueva entrega de la serie Hallazgos, nos explican cómo y en qué condiciones trabajan las instituciones de justicia en México. A la par del reporte, en enero de 2026 lanzaremos una plataforma de datos interactivos para que la consulta de información sea más accesible y rápida para la ciudadanía. Comprender cómo funciona el sistema de justicia es un paso indispensable para construir un México más seguro y pacífico.