El escándalo en torno al huachicol, el crimen organizado y la Secretaría de Marina es mayúsculo. Sin embargo, no debería sorprendernos. Porque hubo una serie de diagnósticos en materia de combate a la corrupción sumamente errados, los cuales llevaron a decisiones claramente equivocadas que inevitablemente estamos pagando hoy en día. La principal bandera política del lópezobradorismo fue el combate a la corrupción. El diagnóstico del problemafue uno que los más radicales ideólogos de la Ilustración hubiesen reconocido y apoyado: debido a que el país estuvo a cargo de gobernantes tan corruptos por tan largo tiempo, todo lo construido estaba irremediablemente corrompido. La solución también hubiese sido aplaudida: se tenía que destruir todo para construir todo de nuevo. En ese proceso de destrucción institucional, se usó una organización largamente utilizada por figuras autocráticas: las Fuerzas Armadas. Bajo la creencia de que los soldados y marinos “son pueblo uniformado”, que “México es un país pacifista que no necesita Ejército”, y que el Estado –léase, las burocracias civiles– estaba profundamente corroído, es que se desplegó la milicia para realizar tareas civiles a lo largo y ancho del país. El diagnóstico estuvo equivocado. La solución también. En ese proceso destructivo arrasaron con una parte considerable de las burocracias técnicas de la administración pública federal, demolieron el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) junto con sus pares estatales, y se puso fin al esfuerzo por construir el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero, por otra parte, a las Fuerzas Armadas les fueron encomendadas numerosas tareas civiles, los fideicomisos militares recibieron innumerables recursos públicos (los manejados por SEDENA pasaron de 6 mil 900 mdp en 2018, a 77 mil 300 en 2024), se les encargaron áreas donde se manejan cuantiosos recursos económicos (puertos, aduanas) y, por si fuera poco, se les convirtió en empresarios: hoy en día manejan seis empresas paraestatales. Una parte considerable de ese dinero ya no pasa por los controles civiles propios del Congreso de la Unión. Lo que se hizo en el sexenio pasado va en contra de las mejores experiencias políticas nacionales e internacionales. Si el Estado premoderno se caracteriza por el papel predominante de las Fuerzas Armadas en la vida pública, el rasgo distintivo del Estado moderno es la diferenciación y especialización de funciones, visible en instituciones públicas y burocracias civiles profesionales. Y si el Estado premoderno también se caracteriza por el patrimonialismo, donde impera la lógica familiar y resulta difícil diferenciar los recursos públicos de los privados, el Estado moderno se distingue por la lógica del interés público, del procedimiento burocrático y dela delimitación entre lo público y lo privado. En todo lo anterior hubo atrasos enormes, como queda claro por las innumerables noticias que involucran corrupción, crimen organizado y Fuerzas Armadas. Y es de esperarse que estemos en el peor lugar en los últimos treinta años en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El país nunca ha salido beneficiado cuando los servicios castrenses han tomado un papel protagónico en la vida pública nacional. De la misma forma, el país nunca ha combatido medianamente la corrupción bajo regímenes autoritarios. Y, precisamente, esas son las crecientes realidades políticas de nuestro país. Twitter: @FernandoNGE TikTok: @Fernando_Nunez_ Imagen: Mexicanos contra la Corrupción.