México Evalúa presentó ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) un análisis y propuestas para fortalecer el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en el marco de la consulta pública correspondiente. El objetivo es contribuir a la construcción de un marco que garantice de manera efectiva los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, preserve la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la libertad editorial. Reconocemos que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de transparencia, accesibilidad y atención de las quejas de las audiencias. Sin embargo, advertimos que algunos de sus elementos podrían ampliar de manera innecesaria la intervención de la autoridad en los contenidos y decisiones editoriales, sin olvidar que el Poder Judicial tendrá la última palabra cuando haya desacuerdos entre las partes involucradas. Uno de los principales focos de preocupación es la posibilidad de que la CRT ordene la suspensión precautoria de transmisiones. El artículo 10, fracción LIII, de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla esta facultad en casos de violación a los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. A ello se suma la posibilidad de imponer multas de hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario por cada infracción, ya sea por incumplimientos de carácter administrativo o como resultado de un procedimiento de queja promovido por una persona con derechos de audiencia respecto de determinados contenidos. La combinación de ambas facultades resulta especialmente sensible cuando la controversia involucra contenidos periodísticos, informativos o editoriales, por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y de prensa. Estas disposiciones podrían ampliar el margen de intervención de la autoridad sobre el funcionamiento interno de los medios y generar incentivos para restringir contenidos o evitar decisiones editoriales controvertidas. México Evalúa considera que la protección de las audiencias debe partir de un principio básico: el Estado debe garantizar los derechos, sin convertirse en árbitro del debate público. Los artículos 1o., 6o. y 7o. de la Constitución establecen el principio pro persona y protegen la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la libertad de difusión. En particular, el proyecto establece obligaciones para distinguir entre información y opinión, además de contemplar un deber de diligencia frente a información falsa o descontextualizada. México Evalúa considera positivo que las audiencias cuenten con herramientas para identificar el tipo de contenido que se consume. Sin embargo, propone que la autoridad se limite a supervisar la existencia y aplicación de mecanismos objetivos, como los códigos de ética, sin sustituir el criterio de periodistas y medios sobre sus contenidos. Otro aspecto que llama la atención y que requiere mayor precisión es la definición de “Programadora”. El proyecto elimina elementos presentes en los lineamientos vigentes que ayudaban a delimitar esta figura, como su relación con la multiprogramación y la autorización correspondiente. Esta modificación podría generar incertidumbre sobre los sujetos obligados y abrir la puerta a interpretaciones que extiendan la regulación hacia nuevas formas de distribución de contenidos digitales. Por ello, proponemos definir con precisión el ámbito de aplicación de los Lineamientos. Para México Evalúa, una política pública efectiva en esta materia no debe sustentarse principalmente en sanciones. Una audiencia fuerte es aquella que está informada, ejerce una mirada crítica y cuenta con las herramientas para tomar decisiones sobre los contenidos que consume. Por lo anterior, hacemos las siguientes recomendaciones: Delimitar el ámbito de aplicación de los Lineamientos para dar certeza a los sujetos obligados. Fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con la legislación vigente. Asegurar que las sanciones sean razonables y proporcionales. Limitar la suspensión precautoria a los supuestos expresamente previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y a la luz de los preceptos constitucionales. Fortalecer el servicio profesional de carrera de la CRT, con reglas claras de ingreso, permanencia y desarrollo basadas en capacidades técnicas y profesionales, para fortalecer la capacidad institucional y favorecer decisiones regulatorias consistentes y predecibles. Promover mejores prácticas para los códigos de ética sin trasladar el juicio editorial a la autoridad. Precisar las vías de revisión y defensa judicial frente a las decisiones de la autoridad. Impulsar la pluralidad y la competencia económica en el sector de radiodifusión. Escuchar y considerar los argumentos y experiencias de las personas defensoras de las audiencias mediante un parlamento abierto antes de publicar los LGPA definitivos. Fomentar junto con los concesionarios y el sector social la alfabetización mediática para enriquecer el ejercicio informado de los derechos de las audiencias y el diálogo democrático. Existe una gran oportunidad para construir un marco que fortalezca los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, impulsar medios libres y responsables. Con información, alfabetización mediática y colaboración entre autoridades, medios y ciudadanía, podemos avanzar hacia un diálogo público libre, plural, informado y democrático.