Por Ana Lambarri Investigadora En 2020 hubo situaciones inesperadas como una pandemia mundial. Las crisis sanitaria y económica derivadas del covid-19 ha implicado reordenar las prioridades; los gobiernos han tenido que ajustarse a lo que tienen y hacer lo que pueden. No solo el Gobierno Federal enfrenta esta situación, los gobiernos estatales también se han visto afectados. La pandemia tendría que haber obligado a todos a gastar diferente. Contrario a lo que podría pensarse, a pesar de estar en medio de una crisis los estados sí tuvieron más recursos: en conjunto lograron recaudar 144 mil 764 millones de pesos adicionales a los estimados para 2020 (7% más). Si se recaudó más y en consecuencia se gastó más, esto nos lleva a una pregunta importante: ¿en qué gastaron las entidades durante el primer año de pandemia en México? Quintana Roo, por ejemplo, es uno de los estados en donde a pesar de haber gastado más de lo que tenía aprobado en 2020 (55% de sobrejercicio), no se incrementó el gasto en rubros prioritarios para la población. A pesar de ser una de las entidades más golpeadas por la crisis, dada su dependencia económica en el turismo, le destinó 43% de su gasto total a pagar la deuda pública de la entidad (23 mil 456 mdp). El pago de deuda pública es un compromiso que se tiene que cumplir. Sin embargo, llama la atención que se destinaron más recursos a cubrir esta obligación en comparación al promedio estatal (6%). También representa un mayor gasto en la entidad de lo que se destinó a rubros como seguridad pública y la justicia (4 mil 450 mdp), salud (5 mil 137 mdp) y educación (9 mil 715 mdp). Otro caso es el de Baja California, donde se gastó 30% más de lo aprobado. En esta entidad se destinaron 229 mdp a servicios básicos (luz, agua, telefonía) de las instituciones y dependencias en un momento en donde la indicación era trabajar desde casa. Esto representa 144 mdp más que los ejercidos ese mismo año para seguridad pública. Resulta una decisión totalmente contradictoria ya que, de acuerdo con el INEGI, el 72% de los bajacalifornianos considera que la inseguridad es el problema más grande que el estado enfrentó en 2020.

Además de estos dos ejemplos, estados como Guerrero (902%), Nuevo León (87%) y Baja California (39%) gastaron por encima de lo presupuestado para traslados y viáticos de sus funcionarios públicos. Esto, en un contexto de crisis sanitaria donde la única indicación era quedarse en casa y salir para lo esencial para evitar el contagio. En conjunto, las 32 entidades recortaron recursos en comparación con 2019 para atender las necesidades en materia de educación (-2%), salud (-2%) y seguridad pública y justicia (-6%). En pocas palabras, las prioridades de la población no son las prioridades de gasto de los estados. Que las entidades puedan aumentar su gasto público de forma injustificada es un reflejo de la falta de contrapesos que existe dentro de los gobiernos locales. Gracias al reporte de la información financiera es posible conocer las variaciones en el gasto estatal. A partir de estos datos, y en función de las necesidades específicas de la población que habita en los diferentes estados, podremos considerar si esas variaciones son justificables o no. En este sentido, es necesario que los congresos estatales cumplan con su función de supervisar y analizar el destino de los recursos. Ante la pandemia no quedamos inmunes. Aun cuando se contaba con los recursos para hacerle frente a la crisis sanitaria, algunos estados prefirieron hacer caso omiso y atender sus propias prioridades, que no coinciden con las de la ciudadanía. Otra historia hubiera sido si la asignación de recursos se hubiera dado en las necesidades de la población. Imagen principal: La Voz de la Frontera