La sospecha está viva. Se acusa al gobierno de ser el autor de la ola de violencia en cinco estados para ejercer presión y alentar la militarización de la seguridad pública. Si esto es cierto, el “tiro le salió por la culata”. No calcularon que el “incendio” iba a ser calificado de terrorismo y que México sería considerado un riesgo para la paz y la seguridad internacionales. Por eso el presidente se puso nervioso y se enredó en su soliloquio. “Los adversarios exageran”, “Estén tranquilos, hay gobernabilidad”. “Hay gente que esta pensando que tiene que ver con cuestiones políticas… “Vamos bien, no se dejen manipular. Yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto”. El presidente, el secretario de la Defensa y el de Gobernación salieron como un trío de cancioneros a negar y casi a prohibir que se utilizara el término terrorismo. Dio pena escuchar a los encargados de la gobernabilidad y la seguridad del país minimizar los hechos y repetir lo que puso en su boca el presidente: “Los disturbios fueron actos propagandísticos de grupos delictivos”. La “propaganda” dejó muertos y demostró el poder de fuego que tiene el crimen organizado para tomar el control de regiones y ciudades enteras sin que las fuerzas armadas puedan impedirlo. Los cárteles enviaron de cualquier manera un mensaje claro: nosotros podemos desatar un infierno en el país, si es necesario. ¿Para quién fue el mensaje, para el gobierno o para los ciudadanos? El régimen es un aliado del crimen organizado y no sería extraño que esté empezando a crear incendios para advertir lo que sucedería en el 24 en caso de que Morena pierda la elección. El presidente evita, por todos los medios, hablar de terrorismo para protegerse él y proteger a los cárteles al mismo tiempo. Donald Trump dijo como presidente de Estados Unidos que los cárteles de la droga mexicanos debían dejar de ser calificadas como organizaciones criminales y ser considerados “grupos terroristas”. Trump incluso, en su locuacidad, ofreció a López Orador ayudar para “limpiar” el país de narcotraficantes. Obviamente López se negó y lo hizo no por razones de su cacareada soberanía, sino porque eso pondría en riesgo la integridad de sus principales aliados político electorales. Terrorismo es una palabra prohibida en este régimen. Aceptar su existencia activaría de inmediato los dispositivos de las agencias internacionales de inteligencia y la presión de Naciones Unidas para que México aceptara asesoría en la materia. López no está dispuesto a permitir que el mundo se entere sobre lo que está sucediendo con el crimen organizado en México. Menos que se destruya a quienes representan una de las columnas que lo sostienen. El presidente quiere militarizar la seguridad pública, pero no quiere hacerlo con cualquier ejército, sino con el suyo. Y el suyo no es el Ejército Mexicano, sino el que ideó desde que era candidato. “Por mi desaparecería el Ejército”, declaró en alguna ocasión y en esto está. ¿Quién va a absorber a quién? ¿El Ejército a la Guardia Nacional o la Guardia Nacional al Ejército? López necesita fuerzas armadas que no respondan a la Constitución sino a su capricho e intereses. Le urge llegar al 24 con un cuerpo militar dispuesto a quedarse cruzado de brazos mientras el crimen organizado incendia el país y lo ayuda a imponer a un títere. ***Directora de la Revista Siempre