Por Emilio Sánchez Salazar En México, las entidades federativas juegan un papel central en la provisión de servicios públicos. Desde el transporte público hasta la educación y la salud, buena parte de las políticas públicas que impactan la vida cotidiana de las personas se diseñan y ejecutan desde el ámbito estatal. Sin embargo, cualquier política pública sin presupuesto no es asequible, por lo que conocer la manera en la que los estados obtienen recursos para garantizar derechos resulta ser importante. Para 2026, como tradicionalmente ocurre, los ingresos de las 32 entidades federativas tendrán como principal fuente el gasto federalizado. Aunque esta proporción disminuiría ligeramente respecto al año anterior, representa, en promedio, 81.7 % de los ingresos estatales. En algunos casos, la dependencia es aún mayor: hay entidades donde las transferencias federales superan el 90 % de sus ingresos totales. Los recursos que provienen de la federación dependen del desempeño económico nacional, de los ingresos por la venta de petróleo y de la recaudación federal, factores que pueden fluctuar a lo largo del año. Cuando la economía enfrenta periodos de menor crecimiento o los ingresos públicos se reducen, los estados pueden recibir menos recursos de los previstos. En ese contexto, la capacidad de los gobiernos subnacionales para financiar políticas públicas puede verse limitada. La dependencia de las entidades al gasto federalizado los limita en la elaboración de política pública en sus territorios. Por lo tanto, aumentar su autonomía fiscal podría incidir en la elaboración de políticas públicas. En ese sentido, se destaca el esfuerzo de 22 entidades federativas para incrementar sus ingresos propios en 2026, lo que implicaría un aumento de 3.5 % respecto a lo aprobado en 2025. Aunque estos ingresos aún representan una proporción relativamente pequeña del total —alrededor de 13.8 %— su fortalecimiento es una señal positiva hacia una mayor autonomía fiscal. Incrementar la recaudación subnacional no significa necesariamente crear nuevos impuestos. En muchos casos, el reto consiste en mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer las capacidades técnicas de las haciendas estatales y aprovechar mejor los instrumentos fiscales existentes. También implica explorar mecanismos innovadores, como impuestos ambientales o ajustes en figuras tributarias ya establecidas. La diversidad entre estados también refleja las distintas capacidades institucionales. Mientras algunas entidades presentan menores niveles de dependencia federal, otras aún enfrentan grandes limitaciones para generar recursos propios. Esta heterogeneidad demuestra que fortalecer las finanzas subnacionales requiere estrategias diferenciadas, adaptadas a las condiciones económicas y administrativas de cada territorio. La discusión sobre ingresos estatales es, en realidad, una conversación sobre capacidades de gobierno. Los gobiernos subnacionales son los más cercanos a la ciudadanía y quienes conocen con mayor precisión las necesidades de sus comunidades. Por lo tanto, contar con mayores recursos propios se traduce, por un lado, en contar con mayores capacidades para garantizar derechos y, por el otro, tener mayor control sobre la elaboración de políticas públicas en sus territorios. Lee la investigación completa en ciep.mx