Julio Serrano Espinosa* Al Presidente no parece gustarle el capital privado. Quiere que el gobierno participe en casi todos los rincones de la economía y está avanzando con paso firme en ese camino. Además de reforzar su presencia en el sector energético, recién ha incursionado en banca de primer piso con el Banco del Bienestar, en gas LP con Gas Bienestar y en aeropuertos con Santa Lucía, entre otros. Ahora tiene en la mira la aviación a través de la creación de una aerolínea del “Bienestar”. Error. El Estado ha demostrado una y otra vez ser un pésimo administrador de empresas. Su manejo de la banca tras la expropiación de 1982, por ejemplo, fue desastroso. Otros negocios en los que se ha involucrado a lo largo de los años —como telefonía, siderurgia, fertilizantes y hotelería— han tenido resultados similares. Qué decir de Pemex y CFE. Ninguno es un ejemplo de eficiencia. La petrolera es de las empresas de su giro menos productivas del mundo. No veo por qué va a ser distinto con una aerolínea. El papel del gobierno en el mundo corporativo debe ser, en la mayoría de los casos, promover la competencia y regular (con mano ligera). No está en su ADN manejar de manera eficiente un negocio. A diferencia de un dueño privado, sus intereses no están alineados a este objetivo. Sus decisiones siempre tienen un sesgo político que no es compatible con el bien exclusivo de la empresa. Un privado pone su dinero de por medio y busca obtener una ganancia, lo que hace que sus incentivos estén ligados al éxito corporativo. El gobierno usa el dinero público, por lo que si se pierde no lo reciente ningún funcionario involucrado. Con muy contadas excepciones, las aerolíneas han demostrado ser un pésimo negocio. El panteón de proyectos fallidos es extenso. Aeroméxico y Mexicana han quebrado más de una vez. Interjet acaba de entrar en concurso mercantil. Si para los privados es complicado, para el gobierno es prácticamente imposible. Para colmo, la aerolínea de la 4T tendrá como cimiento a Mexicana de Aviación. Se supone que en estos días el Instituto Nacional de la Economía Social lanzará una convocatoria para que se integren a la nueva empresa los trabajadores que hayan estado activos al momento de su extinción en 2010. Su sede será el aeropuerto de Santa Lucía. La idea es empezar con una flota pequeña para después expandirse a 60 aviones. La inversión inicial será de 155 millones de dólares. Siempre es bienvenida una nueva aerolínea desde la perspectiva de los consumidores. Si hay algún valiente privado que quiera entrar al negocio, enhorabuena. Entre más competencia mejor. El problema es que esté financiada por fondos públicos y operada por el gobierno. Más allá de que es una pésima idea que el gobierno empiece una aerolínea, el punto más delicado es la tendencia de López Obrador hacía una economía estatizada. El Presidente no se fía del capital privado. Lo ve como un mal necesario, pero la experiencia de empresas estatales es invariablemente negativa. *Integrante del Consejo Directivo del CEEY. Imagen: El Universal