La Corte no está fortaleciendo la justicia… está debilitando derechos. Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan un preocupante retroceso jurídico. Primero validando el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial y ahora permitiendo criterios que afectan derechos pensionarios bajo argumentos económicos y no legales. El derecho a una pensión no nace cuando una persona se jubila; se genera desde el momento en que comienza a trabajar y a cotizar. Por eso resulta grave justificar reducciones de derechos adquiridos bajo el argumento de que “el sistema es insostenible”. Ese no es un criterio jurídico. También resulta preocupante que se pretendan establecer límites a las llamadas “pensiones doradas” aplicando criterios selectivos: para unos sí y para otros no. Si una disposición realmente busca corregir excesos, debe aplicarse de manera general, no únicamente a ciertos sectores mientras otros quedan excluidos. La Corte debe proteger derechos y garantizar igualdad ante la ley, no abrir la puerta a resoluciones contradictorias, retroactivas o discrecionales. Porque cuando eso ocurre, se debilita el Estado de derecho y se rompe uno de los principios más básicos de cualquier democracia: la certeza jurídica.