Mariana Campos A lo largo de los últimos años, el nivel de endeudamiento del Gobierno federal ha demostrado ser excesivo para su capacidad de pago. El problema es resultado de que los recursos de la deuda se han enfocado en financiar programas y proyectos que no han ampliado la generación de ingresos públicos. Esto, a su vez, ha promovido que el costo financiero de la deuda acapare una buena parte del presupuesto. En 2025, alcanzará el 3.8% del PIB. Esta proporción representa más de la mitad de toda la recaudación anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) proyectada para el siguiente año, el ingreso más relevante del Gobierno federal. La falta de espacio en el presupuesto ya cobró factura desde el primer paquete económico de la presidenta Sheinbaum. El Poder Ejecutivo propuso recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025. Si bien eran necesarios para controlar el crecimiento del déficit, ponen de manifiesto cuáles gastos no serán prioritarios durante su administración. Por ejemplo, el de salud, que tristemente tampoco lo fue el sexenio anterior. En el PPEF 2025 se propone una caída en el presupuesto de salud de 122 mil millones de pesos, equivalente a 12.2% menos que al aprobado en 2024. Con esto, el gasto público en salud caería al nivel más bajo desde 2010 con apenas el 2.4% del PIB. Nos alejamos aún más de la meta de mínimo 6% del gasto público en salud fijada en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. La salud de los asegurados y la de los no asegurados El recorte al gasto en salud específicamente menoscaba los servicios de quienes no cuentan con acceso a la seguridad social formal. Ahí están las personas más vulnerables. Las instituciones que atienden a este segmento de la población tendrán un recorte del 22%. Además, se reduce en 42.5% el presupuesto de los servicios de salud que se prestan en las clínicas y hospitales de los estados, y 34% el de la Secretaría de Salud, lo que afectará de manera drástica el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud. El monto de estos recortes no se compensa con el incremento que se propone para el IMSS Bienestar. El gasto anual per cápita de las personas sin seguridad social se situaría en un nivel mínimo histórico de 4,490 pesos: el más bajo en 15 años. En contraste, el presupuesto global de las instituciones de salud de las personas aseguradas sería 95% superior a las instituciones de los no asegurados: es la mayor brecha desde 2005. Hace poco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un estudio que ubica a México en el lugar 19 de 24 países de la región con el menor gasto gubernamental per cápita en salud en 2023. Se pone en evidencia la falta de prioridad que ha tenido este sector para el Gobierno federal. La misma CEPAL destaca que invertir en sistemas de salud no solo mejora el bienestar, sino que puede generar ahorros a mediano plazo al propio gobierno, al prevenir enfermedades y reducir costos asociados. La receta para enfermar al sistema de salud No sorprende entonces, que el gasto de bolsillo en salud de los mexicanos sea el más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De cada peso en salud que se gasta en México, 41 centavos salen directamente del bolsillo de los mexicanos. El PEF 2025 podría profundizar esta situación porque menores recursos públicos en salud se traducen en una menor disponibilidad de medicamentos, potenciales despidos o renuncias de personal médico o un rezago en la adquisición de equipo médico. Todo ello inevitablemente limitará la cobertura o efectividad a servicios médicos en el sector público. El bajo gasto que registra México contrasta con los serios problemas de salud que presenta la población mexicana. De acuerdo con un estudio de la OCDE, la epidemia del sobrepeso y obesidad disminuye el crecimiento económico de México en 5.3% del PIB. Nuestro país presentó el mayor impacto económico de 52 países. Si la administración de AMLO y ahora la de Sheinbaum han podido recortar el presupuesto de la salud de los que no cuentan con seguridad social, es porque lamentablemente el gobierno no está obligado a presupuestar una cuota por cada usuario de estos servicios. Dicho de otro modo, el presupuesto público para la salud de los no asegurados está a discreción del gobierno. Urge acotar esta discrecionalidad y garantizar, desde el punto de vista financiero, el derecho a la salud de esta población. El gasto en salud no debe considerarse prescindible En ambos sexenios se han priorizado los recursos del presupuesto para financiar los programas de transferencias universales (por ejemplo las pensiones y becas del bienestar) que están diseñados para beneficiar por igual a las personas con más y menos recursos. En contraste, los programas de salud de las personas sin seguridad social están enfocados en beneficiar más a las familias de menores ingresos del país. De hecho, si son bien manejados, tienen el potencial de impactar positivamente —y en mayor medida— a las familias más pobres. La mayor parte de usuarios del IMSS Bienestar se ubica en en los dos primeros deciles de ingreso. Pero los programas universales han acaparado el presupuesto. Como resultado, se ha acotado el margen financiero para garantizar el cumplimiento de otros derechos, como el de la salud. El gasto de salud no debe ser visto como un gasto prescindible, sino inversión pública, que brinda mayor dignidad a las personas, reduce desigualdades y ayuda a controlar las pérdidas económicas derivadas de la carga de las enfermedades. Si se aprueba este recorte al PPEF 2025, no solo será el peor inicio de sexenio en salud para las personas sin seguridad social en el siglo XXI, sino que marcará un retroceso histórico. La falta de un sistema público de salud digno y justo puede situar a millones de mexicanos en riesgo de pobreza, así como obstaculizar el derecho a la vida de muchos. El recorte al gasto de salud socava el pleno cumplimiento del derecho a la salud en el presente y en el futuro. Un sistema de salud debilitado será incapaz de enfrentar y controlar las crecientes demandas de una población más longeva, que se caracteriza por padecer enfermedades crónicas y que pronto acelerará su envejecimiento.