Por Valeria Moy Directora general La semana pasada el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa que pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución del país. Los cambios planteados representan una estatización de la industria eléctrica que sería detrimental para el país. Algunos defensores del presidente, quizás sin haber leído la iniciativa, hacen un llamado a la soberanía energética. Apelar a la soberanía es un recurso manipulador. Hace que, en la discusión del proyecto, se recurra a argumentos más relacionados con sentimientos patrióticos que con los aspectos técnicos y realistas de las implicaciones de la propuesta. Antes de entrar en los detalles de la iniciativa tal vez valga la pena exponer qué es lo que quisiéramos que tuviera México en esta industria, una especie de carta de buenos deseos. A todos nos gustaría, creo, que los mexicanos —personas físicas e industria— tuvieran acceso a energía eléctrica de calidad a precios competitivos. Considerando, además, los efectos climáticos y sociales, deberíamos de buscar una política pública que considere la generación de energía eléctrica a través de fuentes más “limpias” cuidando el impacto social en las comunidades en las que se genera. La iniciativa plantea que la CFE generará mínimo el 54% de la energía eléctrica y podrá comprar el 46% a los productores privados, quienes, a su vez, solo podrán vender la energía que generen a la propia CFE. La CFE, a su vez, será el único que podrá venderla. De esta manera, la CFE tendrá un rol monopólico por un lado, y monopsónico, como único comprador, por otro. La competencia, permitir el número necesario de jugadores en un mercado, tiene resultados positivos para los consumidores. Tomemos los costos de generación de energía como ejemplo. En 2020, el costo promedio de la energía producida por CFE fue de 1,413 por megawatt-hora. La generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por la misma unidad de referencia y el costo promedio de los productores independientes de energía fue de 1,124 pesos por megawatt-hora. CFE genera electricidad hasta 252% más cara que lo que puede hacerlo el sector privado. Hoy, en la “inyección” de energía a los sistemas prevalecen criterios de costo y medioambientales. Con la propuesta, no queda claro cuál será el criterio de despacho. La exposición de motivos enfatiza la intención de fortalecer a la CFE independientemente de los mismos. La propuesta, además, obliga a CFE a realizar actividades en las que hoy pierde dinero. De esta manera, la presión sobre las finanzas públicas, que tendrán que entrar al quite para mantener a la empresa artificialmente a flote, será cada día mayor. (Y a esa presión sumemos la de las pensiones que no hará más que crecer, la de Pemex y las que se acumulen estos años). La propuesta, además, elimina a los reguladores y convierte a la CFE en jugador y en árbitro. Nada bueno puede salir de un juego en el que las reglas no solo no están claras. Y bueno, pues también podríamos hablar de los impactos medioambientales y del retroceso que significa para el país regresar a la producción a través de combustibles fósiles y contaminantes. No sé, no suena que ese sea el país que queremos, ¿o sí? *Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.