La reciente resolución que permitió la liberación de Pedro Mendívil ha generado opiniones encontradas. Para algunas personas representa una decisión equivocada; para otras, una muestra de que las instituciones funcionan. Pero más allá del caso concreto, creo que vale la pena detenernos a reflexionar sobre algo mucho más importante: el papel que debe desempeñar el Poder Judicial en un verdadero Estado de Derecho. Con frecuencia esperamos que un juez resuelva conforme a lo que la sociedad considera justo o conforme a la indignación que genera un determinado caso. Es una reacción humana. Todos queremos que exista justicia. Sin embargo, precisamente ahí radica uno de los principios más importantes de cualquier democracia: un juez no puede resolver con base en emociones, presiones políticas o reclamos sociales. Su única obligación es resolver conforme a las pruebas, la Constitución y la ley. Y eso significa que, muchas veces, sus resoluciones no serán populares. La imparcialidad judicial no consiste en darle la razón a una parte o a otra. Consiste en aplicar el derecho sin importar quién sea la persona que está frente al tribunal, cuál sea el cargo que ocupa, el impacto mediático del asunto o la presión que exista alrededor del caso. Ése es el verdadero sentido del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos exigir investigaciones serias, procesos transparentes y que quien cometa un delito enfrente las consecuencias legales correspondientes. Pero con la misma firmeza debemos exigir que ninguna persona sea privada de su libertad o condenada sin que exista un proceso legal, pruebas suficientes y una resolución debidamente fundada y motivada. La justicia tiene una doble responsabilidad: llegar hasta los responsables, pero también proteger a quienes no lo son. Una función no puede existir sin la otra. Si el sistema solamente castigara, dejaría de ser justicia. Y si únicamente absolviera, también fracasaría en su propósito. Por eso la independencia del Poder Judicial resulta tan importante. Un juez no puede decidir pensando en la reacción de las redes sociales, en la presión política o en el costo mediático de su resolución. El día que un juzgador comienza a resolver para evitar críticas o ganar aprobación pública, deja de aplicar la ley para empezar a administrar popularidad. Y ése es un riesgo que ninguna democracia debería aceptar. Esto no significa que las resoluciones judiciales sean intocables. En un Estado de Derecho existen recursos, instancias superiores y mecanismos legales para revisarlas, modificarlas o incluso revocarlas cuando así corresponda. La crítica jurídica siempre será válida. Lo que no fortalece a las instituciones es desacreditarlas únicamente porque una decisión no coincide con nuestras expectativas. La fortaleza del Poder Judicial no se demuestra cuando dicta resoluciones que todos celebran. Se demuestra cuando tiene la capacidad de resolver con independencia, incluso sabiendo que su decisión será cuestionada. Hoy más que nunca necesitamos jueces imparciales, no jueces populares. Necesitamos tribunales que respondan a la Constitución, no a las tendencias del momento. Porque la justicia no puede depender del aplauso ni de la presión pública. Al final, la imparcialidad no siempre será popular. Pero precisamente por eso es indispensable protegerla. Porque cuando un juez deje de decidir conforme a la ley para empezar a decidir conforme a la opinión pública, no sólo perderá el Poder Judicial. Perderemos todos. *****Presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco.