Es muy fácil defender la libertad de expresión cuando estamos de acuerdo con lo que escuchamos. Lo complicado viene cuando alguien piensa distinto, una crítica nos incomoda o se dice algo que simplemente no nos gusta. Y es ahí precisamente donde este derecho realmente se pone a prueba. En México llevamos varios años discutiendo hasta dónde puede intervenir el Estado en lo que se dice, se publica o se difunde. Hemos visto propuestas y decisiones que han encendido focos de alerta sobre posibles restricciones. Y antes de entrar en colores políticos, hay algo mucho más importante que recordar: la libertad de expresión no tiene partido. Los gobiernos cambian, las mayorías también y quienes hoy ejercen el poder mañana pueden no hacerlo. Por eso los derechos no pueden depender de quién gobierne, de quién critique o de quién sea criticado. Nuestra Constitución lo establece claramente: los artículos 6º y 7º protegen la libertad de expresar y difundir ideas e información. Esto tampoco significa que todo esté permitido. Como cualquier derecho, debe ejercerse con responsabilidad y respetando los derechos de los demás. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta generar miedo a hablar. Por eso merece atención lo ocurrido recientemente con la difusión, desde espacios oficiales, de listas de periodistas y comunicadores señalados por sus contenidos o posiciones críticas. Independientemente del contenido de sus opiniones o señalamientos, exponer desde el poder a quienes cuestionan debe preocuparnos. Una autoridad tiene derecho a aclarar información, responder señalamientos y acudir a los mecanismos legales cuando corresponda. Lo delicado comienza cuando una respuesta institucional puede convertirse en una forma de señalar o estigmatizar a quien critica. En una democracia, el poder público debe estar especialmente dispuesto a aceptar el escrutinio. La censura, además, no siempre llega diciendo “está prohibido hablar”. Puede aparecer de maneras más sutiles: reglas poco claras, sanciones excesivas o simplemente generando la sensación de que cuestionar puede traer consecuencias. Cuando un periodista, comunicador o ciudadano comienza a pensar “mejor no digo nada porque me puedo meter en problemas”, tenemos algo de qué preocuparnos. La autocensura también debilita la libertad de expresión, aunque nadie haya prohibido expresamente hablar. El verdadero equilibrio está en tener autoridades capaces de aceptar y respetar la crítica, y una sociedad consciente de la responsabilidad que implica ejercer la libertad de expresión. Podemos cuestionar, debatir y estar profundamente en desacuerdo; eso es sano y necesario en cualquier democracia. Ejercer este derecho con respeto y congruencia ayuda a construir una conversación pública donde podamos escucharnos y convivir con nuestras diferencias. Libertad y responsabilidad no son conceptos contrarios; se fortalecen entre sí. Quien ocupa un cargo público sabe —o debería saber— que será cuestionado. Habrá críticas justas, exageradas y otras que considere equivocadas. Pero en democracia la respuesta debe ser información, argumentos, aclaraciones y, cuando realmente se vulneren derechos, los mecanismos que establece la ley. No el silencio ni el señalamiento. Tampoco podemos defender la libertad de expresión dependiendo de quién esté de cada lado. El principio debe permanecer aunque cambien los nombres, los partidos o nuestras simpatías. La democracia necesita periodistas que pregunten, ciudadanos que cuestionen y autoridades que respondan. Necesita responsabilidad y respeto a los derechos de los demás. Lo que no necesita es miedo a hablar. Porque la libertad de expresión no es de izquierda ni de derecha, del gobierno ni de la oposición. Es de todos. Los gobiernos pasan, los partidos cambian y las personas también. Los derechos deben permanecer. ****Presidenta de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”. Imagen: Luisa-Torrealba.