Son dos, las denuncias que presentaron Guadalupe Jones y Héctor Guillermo Osuna Jaime, en contra del gobernador Jaime Bonilla y funcionarios de su gobierno: La primera, ante la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. La segunda, también por lavado de dinero, concusión y coalición de servidores públicos, ante el Fiscal Compadre General del Estado Libre y Soborno de Baja California. La mecánica denunciada, en ambos casos, es la misma: a.- Identificar a una empresa deudora. b.- Fisamex, realiza los cálculos de aparentes adeudos de derechos de agua y alcantarillado, a la empresa identificada. c.- Comunicado informal al deudor del “presupuesto”, sin firma de autoridad competente, sin fundamento, ni motivación del monto a pagar. d.- Advertencia de que la falta de pago dará lugar al corte del servicio. e.-Operación Inversa: en algunos casos se cortan los servicios y, para reanudarlos, se entrega el “presupuesto” y se exige el pago. f.- A las personas que se defienden legalmente, se les amenaza con clausuras, o las ejecutan, por conducto de Protección Civil o COFEPRIS. Lo anterior, es un mecanismo de coacción de pago, a sabiendas que los particulares, no pueden obtener amparos en materia de protección civil o salud. Se subraya que los servidores públicos denunciados contrataron a una empresa privada, FISAMEX, a quien beneficiaron con un 20% de lo cobrado bajo el mecanismo antes descrito, que encuadra a dichos recursos de origen ilícito. Se denuncia que, además de FISAMEX, se contrataron otras dos empresas para cobrar y ocultar lo cobrado mediante las extorsiones y arbitrariedades. Tan sólo en 2020, se cobraron mediante el chantaje y abuso de poder, más de 1000 millones de pesos. Algunos de los deudores, son denostados públicamente por el gobernador Bonilla, como cleptómanos, corruptos, rateros, ladrones y huachicoleros del agua.