La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un punto crítico para la integración económica norteamericana. El 1 de julio de 2026, Estados Unidos no aceptó extender el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años, por lo que el tratado permanece vigente y se activa un proceso de revisiones anuales hasta alcanzar un acuerdo de extensión o llegar a su vencimiento previsto para 2036. En consecuencia, finales de 2026 y 2027 deben analizarse como etapas de negociación e incertidumbre institucional, no como una fecha automática de terminación. Desde la economía política internacional, esta situación introduce incertidumbre sobre las reglas futuras, eleva potencialmente las primas de riesgo de inversión y puede retrasar decisiones empresariales de largo plazo. La confrontación arancelaria entre Washington y Ottawa añade una dimensión estratégica al proceso. En agosto de 2026, Estados Unidos aplicó aranceles adicionales del 50 % a determinadas importaciones canadienses, mientras Canadá anunció medidas de represalia sobre productos estadounidenses por aproximadamente 20,000 millones de dólares anuales. Este conflicto refleja diferencias comerciales y el uso de los aranceles como instrumento de negociación política. Sus efectos económicos incluyen mayores costos de insumos, alteraciones en las cadenas productivas y posibles incrementos de precios. Para México, el riesgo consiste en que Washington utilice las negociaciones bilaterales para obtener concesiones diferenciadas, debilitando la coordinación trilateral y generando condiciones competitivas desiguales entre los socios. México enfrenta un escenario ambivalente. La relocalización de inversiones y la sustitución de proveedores extrarregionales podrían favorecer a las manufacturas mexicanas, especialmente en automóviles, componentes electrónicos, maquinaria y dispositivos médicos. Sin embargo, esos beneficios dependen del cumplimiento de las reglas de origen, la disponibilidad de infraestructura, la energía, la seguridad logística y la certidumbre regulatoria. La Reserva Federal de Dallas advierte que endurecer excesivamente las reglas de origen puede elevar los costos de cumplimiento y perjudicar las cadenas productivas regionales. Además, la incertidumbre arancelaria puede frenar inversiones y reducir exportaciones mexicanas. La estrategia nacional, por tanto, debe combinar competitividad industrial, diversificación comercial y defensa jurídica del acceso preferencial al mercado estadounidense. El calendario institucional confirma la importancia de los próximos meses. La Representación Comercial de Estados Unidos abrió consultas públicas para la revisión de 2027, con fecha límite para presentar comentarios el 12 de enero de 2027. Es razonable contemplar tres escenarios. Una extensión negociada con ajustes; revisiones anuales prolongadas que mantengan la incertidumbre; o una renegociación conflictiva que incremente las restricciones comerciales. Ninguno debe considerarse inevitable. México necesita preparar evidencia sectorial, fortalecer los mecanismos de solución de controversias y coordinar posiciones con Canadá sin descuidar el diálogo bilateral con Estados Unidos. También debe evaluar las consecuencias distributivas de cada escenario sobre empleo, salarios, inversión extranjera y pequeñas empresas proveedoras. ****Profesor Investigador en Economía Internacional en El Colef. Distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido también profesor en la Universidad Iberoamericana, CISE, “fellow” y “guest scholar” en UCSD y profesor visitante en UC Irvine.