La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa, marca un precedente preocupante para el Estado de derecho en México. Combatir el delito es una prioridad. Pero hacerlo debilitando garantías básicas no es un avance… es un retroceso. Hoy se abre la puerta a que una autoridad administrativa limite el acceso a los recursos de una persona o empresa sin un proceso previo, sin audiencia y sin intervención judicial. Eso rompe un principio fundamental: nadie debería ser afectado en sus derechos sin haber sido escuchado. Cuando se amplían facultades sin contrapesos claros, se genera incertidumbre, se debilita la confianza y se compromete la certeza jurídica que necesita cualquier economía para crecer. Desde el sector empresarial lo vemos con claridad: no se puede combatir la ilegalidad sacrificando el marco legal. El desarrollo no se construye con discrecionalidad. Se construye con reglas claras, con instituciones sólidas y con respeto al debido proceso. Porque cuando el Estado puede actuar sin límites previos, el problema deja de ser solo de seguridad…y se convierte en un problema de confianza país. ***Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali.