Nuestra constitución establece que los municipios tendrán a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre ellos el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Es claro que corresponde al ayuntamiento la distribución y administración del agua de la ciudad. Sin embargo, el hecho que gobierno del Estado traspase a los ayuntamientos este servicio, no es un tema menor, es un tema que debe llevar mucho análisis en el tema económico. Este tipo de temas ha sido costumbre tratarlos de manera sumaria, con dispensa de trámite, nuevamente nuestro Congreso del Estado demuestra que solo sigue instrucciones del ejecutivo. Estoy a favor de que sean los ayuntamientos quienes manejen el agua, pero ¿y las deudas?, ¿qué pasara con aquellas deudas donde el gobierno del Estado es el aval?, también tenemos el tema de todos los juicios que hay en contra del organismo y que lo más seguro es que perderán y tendrán que regresar varios millones de pesos a los usuarios, esos juicios serán un enorme quebranto para el gobierno del Estado, porque no podrá recuperar la comisión que pago a una empresa particular para los cobros de los ya famosos derechos de reconexión. En todo caso gobierno del Estado debería responder por todos los adeudos y riesgos de la CESPM generados en el actual gobierno, y negociar con aquellas instituciones financieras en la cuales fue aval. Otro tema, es que actualmente la CESPM, es ineficiente, más del 60% de los usuarios no pagan el agua, y se ha usado como instrumento político, en aquellos sectores donde manejan políticamente, no hacen cobros y no ponen reductores. Vamos a esperar la reacción de los ayuntamientos, espero este cambio sea para bien, pero inicia mal, al aprobarse sin el análisis y seriedad requerido.