El mercado laboral mexicano atraviesa por un evidente deterioro. En el tercer trimestre, el empleo formal tuvo una caída anual de 1.71%, con lo que hubo 460 mil personas menos empleadas con respecto al tercer trimestre del 2024. Con esto, el empleo formal hila tres trimestres consecutivos de caídas anuales, algo que solo se había registrado en periodos de recesión: del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2008 al primer trimestre de 2010. La caída en el empleo formal fue generalizada en todos los subgrupos de edad y en los tres sectores económicos: -6.04% en el sector primario, -1.78% en el secundario y -1.46% en el terciario. En los tres grupos de actividad económica el empleo formal ha caído a tasa anual en dos trimestres consecutivos, algo que también solo había ocurrido en periodos de recesión (entre el tercer y cuarto trimestre de 2020 y en el segundo trimestre de 2009). Por su parte, el empleo en el sector informal hila dos trimestres creciendo. Por tipo de actividad, en el sector primario cayó 5.33% respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que en el secundario y terciario se registraron crecimientos de 1.65% y 3.30%, respectivamente. La absorción del crecimiento de la población ocupada en la informalidad, particularmente en el sector terciario, indica dónde se están creando los empleos y qué tipo de empleos son. El predominio de puestos sin seguridad social en los motores de la economía (servicios) no solo impide la consolidación de una clase trabajadora con acceso a prestaciones dignas, sino que limita la capacidad del país para transitar hacia una economía de mayor valor agregado. En consecuencia, la vulnerabilidad económica queda arraigada en la estructura productiva, augurando desafíos persistentes para el bienestar y la estabilidad del país. Además, la totalidad del empleo creado en el tercer trimestre se dio en la informalidad, lo que implica una migración forzada hacia la precariedad laboral. Esta expansión de la informalidad como principal motor de crecimiento del empleo, incluso en los segmentos de edad más productivos, representa un desafío mayúsculo para el desarrollo nacional. Esta tendencia no solo compromete la estabilidad financiera y el bienestar individual de los trabajadores al negarles el acceso a seguridad social y prestaciones dignas, sino que también erosiona la base recaudatoria del Estado. Junto con la caída en el empleo formal se dio un deterioro en los salarios: únicamente la población ocupada que percibe hasta un Salario Mínimo creció (4.77% anual), mientras que el resto de los grupos salariales superiores registraron caídas. Este panorama revela que la precariedad laboral se ha consolidado como un rasgo estructural del mercado mexicano. Otro dato revelador es el de Población No Económicamente Activa (PNEA), que aumentó a tasa anual, particularmente entre quienes están como ‘no disponibles para trabajar’. Este movimiento se dio al mismo tiempo que se registró una caída anual en la Población Económicamente Activa (PEA) que indica que un mayor número de personas optaron por moverse hacia la inactividad laboral durante el último año, probablemente por factores como el aumento en el gasto público en programas sociales y la dificultad para encontrar trabajo. Del grupo de personas económicamente activas (ocupadas o buscando empleo) las que simultáneamente dedican tiempo a apoyo en el hogar (como llevar a miembros de la familia a la escuela/citas médicas, realizar trámites o encargarse de la seguridad) ha crecido durante cuatro trimestres consecutivos a tasa anual. Este grupo aumentó 3.55% con respecto al mismo trimestre del año pasado, alcanzando un total de 2.99 millones de personas que realizan ambas labores. Este hecho sugiere que más miembros del hogar están asumiendo una doble carga (responsabilidades laborales y tareas domésticas no remuneradas) impulsados por la necesidad económica. Del total de este grupo, el 53.30% trabaja dentro del sector informal. Por otro lado, el deterioro de las condiciones económicas también se refleja en el incremento de la subocupación (personas que trabajan, pero buscan trabajar más horas) o en jornadas laborales más largas. La tasa de subocupación aumentó de 7.22% a 7.24% con respecto al trimestre anterior. Por su parte, el promedio de horas laboradas por semana incrementó de 40.22 a 40.53 horas, lo que sugiere que la presión económica persistente está obligando a los trabajadores ocupados a intensificar sus jornadas para poder cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Salario mínimo El salario mínimo en México es un componente fundamental de la política laboral y económica del país, diseñado para establecer un piso de ingresos que garantice las necesidades vitales del trabajador y su familia. El salario mínimo se ha incrementado significativamente en los últimos años, estructurándose en dos zonas geográficas. Para 2025, el salario mínimo general se ubica en $278.80 pesos diarios en la mayor parte del país, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanza los $419.88 pesos diarios. Estos montos reflejan una serie de ajustes anuales concertados que iniciaron una tendencia de crecimiento real sostenida desde 2019, acumulando alzas de 256.5% para el salario mínimo general y de 398.9% para la Zona Libre de la Frontera Norte. Si bien estos incrementos han contribuido a una recuperación histórica del poder adquisitivo del salario mínimo, este enfoque conlleva riesgos económicos. El aumento en los costos salariales que no está acompañado de un incremento proporcional en la productividad laboral puede generar presiones inflacionarias, dado que las empresas podrían trasladar el mayor costo de producción al consumidor final. Este riesgo se incrementa en la medida que una mayor proporción de trabajadores perciben un salario mínimo, ubicándose en 22.22% del total de trabajadores en el sector formal a nivel nacional, siendo las entidades con las mayores proporciones de trabajadores que perciben solo un salario mínimo: Tamaulipas (37.71%), Chiapas (33.71%), Tlaxcala (32.52%), Oaxaca (30.65%) y Guerrero (29.39%). El aumento en el salario mínimo suele presionar al alza los demás salarios, particularmente los del segmento inmediato superior (los que perciben más de 1 salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos) en donde está la mayor parte de la población ocupada en la formalidad con 41.19% del total nacional. En 2026, el salario mínimo se incrementará 13% general, pasando de $278.80 a $315.04, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte incrementará 5% pasando de $419.88 a $440.87. Esto significa que, 22.22% de los trabajadores en la formalidad registrarán aumentos en su salario en esa magnitud, mientras que otro 41.19% podría presionar para aumentos salariales similares para no quedar por debajo de sus subordinados. Así, el 63.41% de los ocupados en el sector formal podrían recibir un aumento salarial significativamente por encima de la inflación. Este es un punto de preocupación no solo para la inflación al consumidor, sino también para las empresas en el contexto actual de estancamiento económico. De esta forma, el aumento en el salario mínimo podría tener consecuencias contrarias a las que busca, incrementando el desempleo y la informalidad laboral, pues las empresas al no contar con los recursos suficientes se podrían ver obligadas a despedir a empleados o a contratar bajo la informalidad, donde no hay salario mínimo ni otras prestaciones de ley. ****Directora de Análisis Económico Banco Base. Imagen: La Peste Negra 1347-1352.