Por Daphne Posadas Hace exactamente una semana, se cumplieron 19 años desde que Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, un 10 de enero de 2007. Durante este tiempo, él y su esposa, Rosario Murillo (quien hoy ejerce como copresidenta del régimen), se han consolidado como una dinastía ilegítima que ha absorbido todos los poderes del Estado y ha transformado al país en una dictadura totalitaria. Ese mismo día, el régimen anunció la excarcelación de decenas de presos políticos, asegurando que se trataba de un “símbolo de compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”. Sin embargo, en Nicaragua cualquiera puede convertirse en preso político. Basta expresar una opinión crítica, organizarse políticamente, participar en actividades independientes o incluso ser familiar de un opositor. La triste realidad es que esta excarcelación no es un cambio estructural, sino un gesto táctico en un régimen que sigue funcionando sobre la base del miedo y la represión. En 2006, Ortega se presentó a elecciones por cuarta vez, tras haber perdido en 1990, 1996 y 2001. Su estrategia fue suavizar su imagen de líder revolucionario marxista para ampliar su base electoral y funcionó. Lo que los nicaragüenses no anticiparon es que aquellas serían, en la práctica, las últimas elecciones libres en las que podrían participar. Lo que siguió fue el desmantelamiento sistemático de las instituciones: la captura del poder judicial, la anulación de la competencia electoral, la persecución de la prensa independiente y la criminalización de sus opositores. Este patrón no es exclusivo de Nicaragua. En América Latina, donde la pobreza y la falta de oportunidades llevan a millones de personas a priorizar la supervivencia, los populistas explotan esa vulnerabilidad ofreciendo beneficios tangibles de corto plazo. Así se atornillan en el poder y condenan a generaciones enteras a vivir en represión. Pero la historia demuestra que ningún régimen autoritario es eterno. La defensa de la libertad sí es una responsabilidad política, pero es sobre todo una obligación moral con el futuro de quienes heredan las consecuencias de nuestras decisiones.