Aún no llega, pero ya tenemos una probadita de la llamada “reforma judicial” morenista. No solo hemos comenzado a ver sus nocivos efectos económicos, sino también su uso como arma de intimidación política. La incertidumbre económica, y el autoritarismo político, son los hijos de la reforma que comienzan a asomar su cabeza en el país. La reforma no es democrática, a pesar de que se votarán por los juzgadores del país. El poder judicial no está pensado para ser un poder político –como el poder ejecutivo y el legislativo– sino para ser un poder de contención al hacer valer la Constitución para evitar los excesospolíticosde los otros dos poderes. Ante esa idea, la elección de juzgadores comienza a abrir una serie de preguntas con respuestas sin sentido, como era de esperarse: si los diputados y senadores tienen representación territorial, ¿a quiénes representarán los juzgadores? ¿qué territorio será el suyo? Si los diputados y senadores tienen que hacer propuestas políticas, ¿qué propuestas harán los juzgadores? ¿justicia para todos? Y si los diputados y senadores tienen el poder de cambiar las leyes, ¿qué poder tendrán los juzgadores? ¿emitir una sentencia en contra de la ley? Como se politizará el poder judicial, los cálculos de los juzgadores serán políticos. Y ya comienzan a ser así, a pesar de que aún ni siquiera es la elección judicial. Primero: un juez le impuso una multa de 14 millones de pesos al empresario veracruzano Arturo Castagné, quien señaló con documentos en mano las muchas propiedades sin explicación de la exsecretaria de Energía y ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Segundo: un juez le impuso una multa de 15 millones de pesos al exrector de la UNAM, Enrique Graue, y otra igual al exdirector de la FES Acatlán, Fernando Maceda, por llevar a cabo una investigación institucional en contra de los plagios de la ahora ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Tercero: un juez le impuso una sentencia de 89 años de cárcel a Malinali Gálvez, la hermana de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por secuestro, cuando la pena máxima es de 40 años de prisión. El poder judicial se convertirá en un arma de intimidación política. Le llaman SLAPP (por sus siglas en inglés): demanda estratégica contra la participación política. De acuerdo al Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación, un SLAPP es “un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social”. Y eso es lo que ya vemos, con una aristocracia morenista que goza de un enorme poder político, una presidenta de la República que tiene altos grados de popularidad política, y un trasfondo de destrucción institucional enorme. Ahora sí, no habrá poder de contención alguno. La más reciente encuesta de El Financiero nos dice que 55% de la población está “poco o nada” enterada de la elección judicial, y que el 47% que sí está enterado le interesa “poco o nada” participar. La estructura electora de Morena elegirá a nuestros juzgadores próximamente. Y la ley se convertirá en el capricho de los poderosos… de Morena. TikTok: @mxpatriota Twitter: @FernandoNGE Imagen de Calderón en redes.