A veces parece que a algunos funcionarios públicos se les olvida —o más bien, se les olvida demasiado seguido— quién les paga el sueldo. Los ciudadanos somos los jefes del gobierno. Punto. Los funcionarios no están ahí para sentirse dueños del poder, para actuar como si estuvieran haciendo un favor o para decidir cuándo quieren escuchar a la gente. Están ahí para servir. Y servir implica algo que parece haberse vuelto incómodo para algunos: rendir cuentas. Cada peso del presupuesto público debe poder explicarse. Cada decisión que afecta a la ciudadanía debe tener una razón. Y cada funcionario debe entender que ocupar un cargo público no lo coloca por encima de la gente; al contrario, lo obliga a responder ante ella. Porque el poder no es propiedad personal. El cargo es temporal. El presupuesto es de todos. Y la ciudadanía tiene derecho a preguntar, exigir respuestas y señalar cuando algo no está funcionando. Que no se les olvide: Los ciudadanos no trabajamos para el gobierno. El gobierno trabaja para los ciudadanos. Y cuando eso se pierde de vista, deja de haber servicio público y comienza a haber abuso del poder.